Ciudad de México.- El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desestimar las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la reforma al Poder Judicial. El legislador destacó que la resolución de la Corte fue un triunfo para la razón, la legalidad y la decencia, y afirmó que la institución se derrotó a sí misma con su actuar incorrecto y faccioso.

Fernández Noroña señaló que el fallo de la SCJN permitió abrir un camino hacia un proceso de democratización fundamental para el país, con la elección, en junio de 2025, de las personas que ocuparán los cargos de jueces, magistrados y ministros. “Es un reto enorme, pero es un proceso de gran importancia, y celebro que la actitud canalla de la Corte haya sido derrotada”, afirmó el presidente del Senado.

El legislador destacó la importancia de que este tipo de decisiones no dependen de la voluntad de un grupo reducido, al considerar que era un exceso que seis ministros pretendieran decidir el futuro del país. “Es una victoria de la legalidad. La razón y la decencia se impusieron ante la postura facciosa de algunos ministros”, dijo Fernández Noroña, quien también subrayó el carácter democrático del proceso que está por venir.

La SCJN en el centro de la controversia

Fernández Noroña previamente había señalado que las acciones de los ministros de la SCJN que buscaban echar atrás la reforma representaban una provocación, advirtiendo que esa postura colocaba a la Corte en una situación de ilegalidad. El senador calificó de “actitud perversa y golpista” el intento de invalidar las disposiciones constitucionales relacionadas con la elección de jueces y magistrados, y subrayó que los ministros no podían ir en contra de la voluntad popular.

“ Que se enteren esos siete ministros: en México manda el pueblo, y no ellos“, sentenció Fernández Noroña, haciendo referencia a los magistrados que votaron en contra de la reforma. En ese sentido, el presidente del Senado expresó su rechazo a la postura de algunos ministros que pretendían que una mayoría calificada para decisiones constitucionales fuera de seis votos, en lugar de los ocho que establece la ley.