Ciudad de México.– Con la ratificación de la reforma al Poder Judicial, tras el retiro de las acciones de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó su compromiso con un sistema judicial más justo y transparente. En redes sociales, Sheinbaum expresó su apoyo a esta reforma, calificándola como un avance esencial hacia la justicia, la honestidad y el respeto por los valores públicos.

Sheinbaum compartió un video en el que destacó que esta medida es parte de una transformación profunda que responde a la demanda popular por un país libre de corrupción, nepotismo y privilegios en la administración pública. Afirmó que esta reforma judicial es una herramienta clave para desmantelar las redes de poder y clientelismo que, según ella, han operado al interior del sistema de justicia, afectando la imparcialidad y la integridad de la administración pública en todos sus niveles.

En su discurso, Sheinbaum enfatizó que el país atraviesa un proceso de cambio que, impulsado por el respaldo de la ciudadanía, exige la eliminación de prácticas que beneficien a unos pocos en detrimento de la mayoría. “Estamos en un proceso de transformación que decidió el pueblo de México contra la corrupción, el nepotismo y los privilegios”, señaló la presidenta, subrayando que esta lucha no solo busca un cambio institucional, sino también cultural en torno a la percepción del servicio público.

La presidenta también compartió un extracto de su reciente intervención en la conferencia matutina, en el que criticó la persistencia de una “estructura de poder familiar” en el sistema judicial, donde, según explicó, redes clientelares han permitido la colocación de familiares y allegados en posiciones clave dentro de la administración pública. Refiriéndose a este fenómeno como “el virreinato de los hijos”, Sheinbaum subrayó que estas prácticas no son compatibles con los principios de una administración imparcial y justa.

Para Sheinbaum, la reforma judicial representa un paso significativo para el país, marcando el inicio de un proceso de depuración que busca restituir la confianza en las instituciones y garantizar que el Poder Judicial responda a las necesidades del pueblo, más allá de intereses particulares.