Ciudad de México.- Mientras jefes de Estado, diplomáticos, militares, analistas, periodistas y el mundo occidental en general se desvelaba la noche del martes 5 de noviembre viendo cómo Donald Trump completaba su transformación en el 47º presidente de Estados Unidos, otros ojos seguían de cerca su aproximación a la Casa Blanca: los del crimen organizado en México.

Operadores del gabinete de seguridad contaron a MILENIO que el regreso del republicano a la Oficina Oval significa para los cárteles que, al menos por cuatro años, tendrán a un belicoso enemigo que prometió usar una mano dura para erradicarlos del mayor mercado global de drogas, armas y migrantes irregulares “en tiempo récord, como nunca se ha visto antes”.

Y aunque en su discurso desde Florida, durante la madrugada del miércoles 6 de noviembre, recordó que durante su primer mandato no se iniciaron guerras, en esta campaña se comprometió a poner sobre su escritorio la posibilidad de acciones militares en suelo mexicano para asegurar su frontera sur.

En julio, junto con su compañero de fórmula a la vicepresidencia J. D. Vance, Donald Trump se sentó con el presentador Jesse Watters de la cadena de noticias Fox News para hablar de su plan para frenar la oleada de drogas sintéticas en su país.

Ahí confirmó que su plan de bombardear México para destruir instalaciones estratégicas de los cárteles, como laboratorios clandestinos de fentanilo, no había sido malinterpretado ni sacado de contexto.

Al poner en la mira a los grupos criminales que más trafican fentanilo, Donald Trump ha elegido tácitamente a sus blancos en cuanto regrese a ser Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas: las tres escisiones más fuertes del Cártel de Sinaloa – Los Chapitos, La Mayiza y El Cártel del Guano– y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluidos en la Evaluación Nacional de la Amenaza de Drogas 2024 elaborado por la DEA.

Los segundos en su mira serían otros grupos criminales que se sabe que exportan fentanilo, y cuyos líderes están en listas negras estadunidenses —como la del Departamento del Tesoro—, pero que todavía no han aparecido en los discursos políticos como enemigos públicos: ahí están La Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y el Cártel de Juárez.

Y en un tercer nivel, lejos del interés del futuro presidente, estarían las agrupaciones criminales locales cuya principal fuente de recaudación son delitos distintos al narcotráfico a nivel global, como la extorsión o el secuestro. Los Rojos, La Barredora, La Unión Tepito, y similares, que podrán seguir despreocupados.

Pena de muerte y extradiciones

Un día antes de la apertura de urnas en Estados Unidos, el magnate de bienes raíces lanzó una última bravata antes de su triunfo electoral: imponer aranceles del 25 al 75% a todas las importaciones de productos desde México, si Sheinbaum no detiene “una avalancha de criminales y drogas” hacia Estados Unidos. Por extraño que parezca, esa tampoco es su promesa más radical.

Ya completada su mudanza al número 1600 de la Avenida Pennsylvania, Donald Trump intentará dar cumplimiento a una de sus propuestas más polémicas contra los capos de las drogas: sancionar el narcotráfico con pena de muerte.

La primera vez que anunció ese compromiso de campaña fue en mayo del 2023 frente a sus seguidores en New Hampshire, un estado cuyas dos ciudades principales, Manchester y Nashua, han sufrido un pico de 38% en promedio de muertes relacionadas con opioides.

La propuesta causó furor entre sus seguidores. Y en ese estado típicamente demócrata, Donald Trump se quedó a menos de 25 mil votos de su rival Kamala Harris.

Es una medida que apasiona al republicano, quien se define como cristiano y provida.

En su primer cuatrienio rompió con 17 años sin el uso de la pena de muerte federal y aprobó la inyección letal contra Daniel Lewis Lee, quien hasta su último suspiro sostuvo su inocencia; 13 personas murieron ejecutadas por órdenes firmadas por Donald Trump, el presidente estadunidense con más muertos tras las rejas en su carrera.

A pesar de su triunfo, parece difícil que cumpla su palabra en este rubro. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada por ambos países, establece que:

La nación que recibe a un presunto delincuente para ser juzgado en el extranjero debe comprometerse a no aplicar la pena capital, si ese castigo no está vigente en el país de origen. Y en México la pena de muerte está derogada.

En cambio, Donald Trump podrá hacer uso de un recurso que conoce bien:

Amedrenta con declarar a los cárteles como “organizaciones terroristas” y abre la puerta a un desafío en la frontera si el gobierno mexicano no acelera las extradiciones para castigar a los capos de la droga con cadenas perpetuas en cárceles de máxima seguridad. Así lo hizo como presidente entre 2017 y 2021.

De El Chapo a El Menchito, los ‘trofeos’ de Trump

Como presidente electo, el neoyorquino se anotó la extradición de El Chapo Guzmán y como 45º presidente de Estados Unidos presumió la de Dámaso López, El Licenciado; Rubén Oseguera, El Menchito; y Felipe Cabrera Sarabia, El Ingeniero, entre otros capos. Como el mandatario 47º, su colección de narcos en prisión o como testigos protegidos seguramente se ampliará.

¿Y si hubiera ganado Kamala?

Ella dejó escapar su lugar en la historia como la primera presidenta de Estados Unidos que había ofrecido su experiencia como fiscal general de California para frenar a los cárteles bajo un lema que acuñó desde el 2010: no ser suave ni dura contra el crimen, sino “inteligente contra el crimen”.

Kamala Harris había prometido que duplicaría los recursos del Departamento de Justicia para “destruir” a los cárteles de la droga y cortar el flujo de fentanilo, un negocio que tiene un valor anual de unos mil millones de dólares, de acuerdo con cifras del Congreso estadunidense.

Además, en caso de ganar, habría propuesto mayores controles en la compra de armas para evitar que fueran revendidas a los cárteles y una nueva era de cooperación con la administración de Claudia Sheinbaum para intercambiar información que llevara a arrestos relevantes con fines de extradición.

Así lo hizo siendo fiscal general durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con la entonces procuradora general Marisela Morales, quien le ofreció información mexicana para que abriera carpetas de investigación en Estados Unidos. Y así fue como la demócrata abrió expedientes criminales contra El Mayo Zambada y dos de sus hijos.

En julio, DOMINGA publicó un texto titulado El día que Kamala Harris le quitó 10 millones a El Chapo, que revive un histórico golpe financiero que la demócrata asestó en el 2016 al Cártel de Sinaloa, cuando éste buscaba hacerse de tanto dinero como fuera posible para financiar otra fuga de un penal para su líder Joaquín Guzmán Loera o un equipo legal de primera categoría que lo salvara de ser enviado a Estados Unidos.

Esta vez, Kamala Harris tendrá que esperar, al menos por cuatro años, para intentar meter otra vez su mano en los bolsillos del crimen organizado. Ahora es el turno de Donald Trump, quien parece haber aprendido que, en política, no hay medias tintas: la mano dura gana más elecciones que la mirada inteligente.