La poderosa industria farmacéutica está en el punto de mira de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) cuyas funciones serán asumidas por la Secretaría de Comercio, de acuerdo con la reforma para desaparecer los órganos autónomos. Édgar London escribe en Espacio 4 (757) que la Cofece “marcó un hito al interponer la primera acción colectiva en contra de Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales y la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana. Esta medida busca reparar el daño causado por prácticas anticompetitivas que, durante un periodo de 10 años, redujeron la disponibilidad y aumentaron los precios de los medicamentos en el país.

“En esa década, estas empresas establecieron una serie de acuerdos que afectaron la competencia en el mercado de medicamentos. Dichas prácticas incluyeron la interrupción intencionada de la distribución de productos en días clave, con el fin de manipular la oferta y controlar los precios. También limitaron el surtido a farmacias, disminuyendo su capacidad para ofrecer ciertos medicamentos y así mantener los precios elevados. La Cofece estima que estas conductas anticompetitivas causaron un daño económico de más de 2 mil millones de pesos, afectando a millones de mexicanos al reducir su acceso a medicamentos esenciales.

“En 2021, la Cofece ya había impuesto multas que superaban los 903 millones de pesos a las empresas involucradas, la sanción máxima permitida en ese momento por la ley. Además, 10 directivos fueron inhabilitados para ocupar posiciones ejecutivas en la industria farmacéutica, subrayando la gravedad de los acuerdos anticompetitivos. Sin embargo, la medida no fue suficiente para compensar el daño a la sociedad. Ahora, Cofece ha optado por una acción colectiva que busca una reparación más amplia y justa, solicitando un pago de 2 mil 316 millones de pesos. Esta cantidad está destinada a compensar los daños acumulados durante la década de prácticas ilegales, enviando un mensaje claro a las empresas sobre las consecuencias de la manipulación de precios en sectores críticos como la salud.

“El alza en los precios de medicamentos, debido a las prácticas anticompetitivas, afectó especialmente a los hogares de menores ingresos, que gastan una proporción significativa de sus ingresos en salud. La manipulación de precios y la limitación de la disponibilidad significaron un aumento en el gasto para las familias de escasos recursos, comprometiendo su acceso a tratamientos necesarios. Cofece ha subrayado que los hogares pobres son los más vulnerables a estos sobreprecios, exacerbando las desigualdades en el acceso a la salud en México y agravando la situación de quienes ya enfrentan barreras financieras para obtener medicamentos básicos.

“Por tal motivo, propuso que los recursos obtenidos por las sanciones se destinen al programa IMSS-Bienestar, que presta servicios médicos a una gran parte de la población, especialmente a aquellos con menores ingresos. Esta medida busca compensar de manera directa a los sectores más afectados por los sobreprecios en medicamentos, fortaleciendo el sistema de salud pública y ayudando a mejorar la disponibilidad de tratamientos para quienes no pueden costear alternativas privadas. De esta manera, la Cofece pretende contribuir a mitigar el impacto negativo de las prácticas monopólicas en el acceso a la salud.

“Sin embargo, más allá de la reparación económica, la Cofece busca, con esta acción colectiva, sentar un precedente sobre la importancia de la responsabilidad social y la ética en el sector farmacéutico. Esta demanda es una señal de que las prácticas anticompetitivas serán castigadas con rigor, y que las empresas deben operar con transparencia y respeto hacia el consumidor”.