Hong Kong.- Un tribunal de Hong Kong condenó este martes a 45 activistas prodemocracia a penas de entre cuatro y diez años de prisión por “conspiración para subvertir el poder del Estado”, en la conclusión del mayor juicio celebrado hasta ahora bajo la polémica ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en 2020.

Entre los condenados se encuentra Benny Tai, un exprofesor de derecho de 60 años, sentenciado a diez años por su papel en la organización de unas elecciones primarias no oficiales consideradas subversivas, el caso central de las acusaciones.

La ley de seguridad nacional, aplicada tras las manifestaciones prodemocracia de 2019, ha sido criticada por eliminar prácticamente toda disidencia política en el territorio.

Es difícil que obtengan libertad anticipada

En virtud de la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional de Hong Kong, promulgada en marzo para cerrar las “lagunas” de la legislación de Beijing, los reclusos condenados por delitos contra la seguridad nacional deben cumplir un umbral más alto para acceder a la libertad anticipada, lo que hace improbable su remisión.

El veredicto del Tribunal de Primera Instancia, emitido el 30 de mayo, declaró culpables a 14 figuras prodemocráticas tras un largo proceso iniciado después de que Beijing introdujera en junio de 2020 una Ley de Seguridad Nacional en la miniconstitución de la ciudad —pasando por alto el poder legislativo local— un año después de multitudinarias protestas antigubernamentales.

Otros dos acusados fueron absueltos, mientras que 31 admitieron los cargos: en total, son 47 los implicados en el proceso, que comenzó a raíz de su participación en una elección primaria no oficial celebrada por el campo prodemocrático en 2020 y en las que más de 600 mil votantes eligieron candidatos para las elecciones al Consejo Legislativo.

En marzo de 2021, el bloque fue acusado conjuntamente de “conspiración para cometer subversión” en torno a las primarias extraoficiales celebradas en julio de 2020, cuyo objetivo era ayudar a los partidarios de la democracia a seleccionar candidatos para los comicios y asegurarse la mayoría.

Los ahora condenados fueron señalados por haber planeado, en caso de obtener la mayoría, utilizar sus facultades como legisladores para bloquear proyectos de ley presupuestaria, paralizar el funcionamiento del gobierno y, eventualmente, forzar la dimisión de la entonces jefa del Ejecutivo, Carrie Lam.

Tres jueces del Tribunal Superior, todos ellos elegidos a dedo por el dirigente municipal para instruir casos de seguridad nacional, consideraron que las votaciones formaban parte de un complot más amplio para “socavar, destruir o derrocar” el gobierno municipal provocando una crisis constitucional tras la toma de posesión de la legislatura.

Según el tribunal, la conspiración, de haber tenido éxito, habría interferido gravemente, perturbado o socavado el funcionamiento del gobierno debido al daño sustancial que habría causado al “poder y la autoridad del gobierno y del jefe del Ejecutivo”.