Son expedientes que deberán desahogarse para determinar si se confirman o revocan las sanciones impuestas por la Comisión Nacional del Agua, tras la extracción ilegal descubierta durante los operativos efectuados en el primer semestre del año para tratar de recuperar volúmenes hídricos.
Jaime Gudiño Zárate, gerente del Organismo de Cuenca Golfo-Norte de la Conagua confía en que no se anulen sus resoluciones, pues llevan, dijo, el debido soporte jurídico y la labor fue apoyada por la Secretaría de Recursos Hidráulicos, Guardia Nacional y Estatal.
“ Son 24 expedientes en el Tribunal de Justicia Administrativa, principalmente contra particulares que en aquellas visitas de inspección tenían irregularidades; muchos están organizados como personas morales por ser sociedades de producción rural, a veces es una sola persona, pero se considera moral porque así se dan de alta”.
Recordó que ante la emergencia que se vivía dada la amenaza real de que el sur del estado se quedara sin agua para consumo humano, se empezó por verificar todos los títulos de concesión, y los inspectores de la Conagua llevaron a cabo alrededor de 156 visitas.
“ Derivaron casi todas en sellos, en clausuras, porque no estaban cumpliendo los requisitos para realizar la extracción conforme a los títulos de concesión y diez de ellos de plano no tenían concesión alguna”. Este robo de agua, fue calificado en su momento por la Secretaría de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas como “una acción criminal”.
Multas por robo de agua y sobreexplotación de la cuenca Guayalejo-Tamesí
Al final se impusieron 24 multas que van de 200 (21 mil 714 pesos) hasta 26 mil UMAS ($2 millones 822 mil 820) conforme a la ley, y los infractores fueron notificados de la resolución, pero buscaron defenderse a través de un recurso de revisión.
“ Pasaron por ahí y se les volvió a confirmar la multa y ahora están tramitando juicios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tratando de buscar la nulidad, en esa etapa vamos, consideramos que tenemos la razón y se confirmarán las sanciones para todos ellos”.
Explicó que de las visitas efectuadas, la sanción administrativa en la mayoría de los casos fue una clausura, pues los concesionarios usaban un equipo de bombeo más grande al reportado, no tenían medidor, o estaban extrayendo en un sitio diferente al permitido, lo que después corrigieron y se les quitaron los sellos.
“ Y están listos para volver a trabajar los que tenían título de concesión, y los que no, simple y sencillamente ya no están operando”, puntualizó el titular del Organismo de Cuenca Golfo-Norte de la Conagua.
Gudiño Zárate mencionó que gracias a la difusión que se hizo en su momento, muchas de las personas que estaban extrayendo agua ilegalmente se retiraron por sí solos cuando se estaban haciendo las revisiones.
Del nuevo Plan Nacional Hídrico 2024-2030, el funcionario sostuvo que será una importante herramienta del gobierno federal para regular la extracción de agua y garantizar su uso responsable, eficiente y sustentable.
