Ciudad de México.- Sociedad civil y legisladores de oposición han alzado voces de alerta en contra de la Reforma de Ley del Infonavit que ha propuesto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, misma que plantea diversos cambios estructurales y operativos; del lado del oficialismo se argumenta una mayor optimización de los recursos y de dinámica en sus actividades como institución.

Fue la propia parte oficialista la que indicó la reforma que tiene el objetivo de establecer las bases para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pueda construir y ofrecer esquemas de arrendamiento social a sus afiliados; sin embargo, también conlleva cambios a la gobernanza del organismo, lo cual ha generado controversia con señalamientos de que están en riesgo los 2.4 billones de pesos en activos con los que cuenta esta institución dirigida por Octavio Romero Oropeza.

La iniciativa, que llegó al Senado el pasado 12 de noviembre y se votó y aprobó, tanto en comisiones como en el pleno, un día después, podría ser votada en el transcurso de esta semana durante el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, de acuerdo con fuentes enteradas del asunto.

La iniciativa, que se alinea a la reforma ya aprobada de la fracción XII del artículo 123 constitucional propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, contiene cambios profundos dentro del Infonavit, creado en 1972 como respuesta a la necesidad de vivienda de los trabajadores.

Uno de los puntos centrales de la discusión de esta iniciativa, se ha centrado en los cambios operativos que se prevén en el dictamen, donde el gobierno tendría mayor peso dentro del tripartismo del organismo, compuesto por el sector gubernamental, laboral y patronal.

Algunos puntos clave al respecto son los siguientes:

– El director general del Infonavit será nombrado por el presidente de la república, cuando actualmente dicho nombramiento es avalado por la Asamblea General del organismo a propuesta del mandatario actual.

– El director general tendrá la facultad de derecho de veto sobre resoluciones que no sean aprobadas por unanimidad por el Consejo de Administración o por la Comisión de Vigilancia del Infonavit.

– La Asamblea General del Infonavit, que es el máximo órgano de gobierno dentro del organismo, se reduciría de 45 a 30 integrantes, de los cuales 10 serían representantes del sector gubernamental, 10 del sector laboral y 10 del sector empresarial.

– El Consejo de Administración del Infonavit se reduciría de 15 a 12 integrantes, cuatro de cada sector.

– La Comisión de Vigilancia mantendría sus nueve integrantes, pero en lugar de repartirse de manera equitativa, serían cinco por parte del sector gobierno, dos del laboral y otros dos del empresarial.

– El Comité de Auditoría pasaría de tres a cinco integrantes, con tres representantes del gobierno federal, uno del empresarial y otro del laboral.

– El Comité de Transparencia pasaría de tres a cinco integrantes, de los cuales tres serían del gobierno federal, uno del laboral y otro del empresarial. Con información de agencias.