Quizá usted ya escuchó a alguien decir que nuestro sistema judicial coahuilense atraviesa por una severa crisis de confiabilidad y eficacia. Y es que en nuestros juzgados, de todas las materias, se puede ver cómo la lentitud y las carencias de recursos de todo tipo, hacen que el ciudadano –que por desgracia sea parte en un juicio– sufra “las de Caín”, antes de encontrar una resolución.

Aunado a lo anterior, debo mencionar que por causa de las diferencias de “criterios” de los que ahora fungen como jueces –aunque los códigos sean los mismos–, el “justiciable” siempre está en riesgo de sufrir un revés, por más razón y derecho que tenga.

Lo anterior, por causa de las amplias atribuciones que se les otorgan, al punto de variar hasta los requisitos, de uno y otro, para interponer una demanda, aunque la acción o vía sea igual o parecida, lo que evidencia una falta de supervisión y homologación de criterios.

La anterior aseveración la he sostenido desde hace más de tres años, ya que desde entonces, he notado como litigante cómo los asuntos que ventilo en los juzgados locales, cada vez se hacen más tardados e inciertos a causa de las apretadas agendas de los funcionarios de todos los juzgados, al punto de hacerlos esperar hasta tres meses para lograr la simple notificación primera en cualquier juicio, causa suficiente para que el gobernado considere que no obtiene justicia.

Pues bien, en días pasados, por causa de la obligada adecuación a la Reforma Judicial Federal, que debió realizar nuestro estado en tiempo récord, se le preguntó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Mery Ayup, sobre la situación actual de nuestro Poder Judicial, y si ya se encontraban listos para la transición en el sistema de elecciones de magistrados y jueces.

A lo que no dudó en aclarar que la entidad no cuenta con recursos para liquidar o en su caso jubilar, a jueces y magistrados, que seguramente se tendrán que ir; y sobre las carencias en los juzgados, dijo que lo único que hace falta para tener una buena impartición de justicia en Coahuila son recursos de todo tipo.

“Necesitamos recursos para tener más y más juzgadoras y juzgadores. Tenemos agendas que estamos colocando ya con audiencias en marzo. O sea, si tuviéramos más juzgadores y jugadores, pues tendríamos una agenda menos abultada”, dijo desesperado el presidente del TSJE.

Y es que actualmente, según Mery Ayup, un juzgador atiende en promedio 2 mil 600 asuntos al año, lo que rebasa más del doble de su capacidad. Aunado a lo anterior, por si usted no lo sabe, Coahuila también tiene una fecha límite para implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la cual culmina en abril de 2027, y le obliga a contar con las salas de audiencias adecuadas, con modernos sistemas digitales y cámaras, dada la oralidad que representa esta nueva legislación.

“Para las salas prácticamente se requieren 30 millones de pesos para poder nosotros hacer las adecuaciones necesarias en los centros de Justicia”, los cuales no se tienen, concluyó diciendo.

En resumen, el Poder Judicial del Estado de Coahuila atraviesa por una situación crítica, tanto en materia de eficacia, como en lo económico y presupuestal, así como ante las evidencias, en el horizonte no se vislumbra siquiera una pequeña posibilidad de mejoría.