La gestión del Museo del Desierto se ha visto envuelta en múltiples denuncias de nepotismo y hostigamiento laboral. Estas prácticas han generado un ambiente tóxico donde prevalecen las relaciones personales y familiares sobre la capacidad y el mérito profesional. Una de las principales acusaciones recae sobre Enrique A. Martínez Hernández, abogado del museo y compadre del director Arturo González, señalado por ejercer presión y prácticas de terrorismo laboral. Desde junio, Martínez ha retenido el sueldo del subdirector general como una medida coercitiva para forzar su renuncia.

Las denuncias señalan que González ha conformado un equipo de trabajo basado en lazos personales, lo que compromete la eficiencia operativa y la integridad de la institución. Destacan los casos de: Verónica Bolado, directora de relaciones públicas; Fernando Toledo González, primo hermano del director, beneficiado con un incremento salarial tras asignársele funciones adicionales sin justificación profesional; José Manuel Padilla y su asistente Norma Patricia Sánchez Martínez, entre otros.

El hostigamiento laboral no se limita a un caso aislado. Denuncias recientes señalan una estrategia sistemática para intimidar a empleados de todos los niveles. Es el caso del biólogo Rubén Rojas Meléndez, fundador del museo, quien ha sido subordinado por Toledo González, en un intento de justificar su aumento salarial. La Administración del Mude ha sido cuestionada por sus decisiones financieras y su falta de transparencia en el manejo de recursos. Desde su creación, el museo no ha contado con un gobierno corporativo formal, lo que permite la ausencia de un control interno efectivo. Entre las principales carencias se encuentran: inexistencia de manuales de políticas y procedimientos; ausencia de normas de control interno; adquisiciones y contrataciones no sometidas a procesos de licitación o comparación de opciones, lo que deja las decisiones a discreción del director. Estas fallas no sólo comprometen la legalidad de las operaciones, sino que también ponen en riesgo la deducibilidad fiscal de los gastos realizados, como ocurrió en el trimestre diciembre 2021-febrero 2022, cuando se ejecutaron proyectos por más de 5 millones 295 mil 288 pesos sin contratos ni licitaciones.

La falta de regulación ha derivado en conflictos de interés. Destacan los siguientes: 1) la empresa Pietra Taller de Arquitectura ha recibido contratos para el desarrollo del Museo del Cráter en Yucatán; 2) personal e insumos del Museo del Desierto han sido utilizados en este proyecto privado; materiales donados al museo, como cerámica de Vitromex, fueron desviados para usos personales. La administradora del museo, Laura Nájera, incurre en conflicto de interés al autorizar compras a empresas de su esposo. Los pagos se realizan de forma prioritaria y fuera de las políticas de adquisiciones.

Las prácticas de compra del museo presentan irregularidades, desde la ausencia de procesos de licitación hasta la falta de contratos que respalden las operaciones. Por ejemplo, la producción de un esqueleto de Mosasaurio escala 1:1 por 150 mil pesos no contó con una licitación ni un contrato formal. Además, el proveedor incumplió con la entrega, y el anticipo del 50% nunca fue reembolsado, lo que apunta a un posible contubernio entre los responsables del proyecto y la paleoescultora contratada.

Para salvaguardar la integridad del Museo del Desierto y garantizar el uso adecuado de los recursos, los denunciantes exigen implementar un gobierno corporativo con políticas y procedimientos claros, realizar auditorías externas independientes para identificar y sancionar las irregularidades, establecer un comité de compras que supervise y apruebe todas las adquisiciones e inversiones, y exigir transparencia en las operaciones y sancionar los conflictos de interés detectados.