Washington.- Un grupo de activistas, académicos y víctimas de la violencia armada en México, representados por la firma estadounidense Arnold & Porter, presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Estados Unidos en respaldo a la demanda que inició el Gobierno mexicano contra las empresas fabricantes de armas en 2021.

A través de una Amici Curiae (amigos de la Corte), el despacho que los representa pide tomar en consideración el impacto de las armas que se elaboran en Estados Unidos y se trafican hacia México en el incremento de homicidios, desplazamientos, migración, costo económico de la delincuencia y comisión de otros crímenes.

Esto, previo a la resolución de la Suprema Corte de Estados Unidos, que el próximo 4 de marzo deberá determinar si la legislación vigente en el país vecino protege a los fabricantes de armas de enfrentar cargos por negligencia en el tráfico ilícito.

Al respecto, el analista y académico Sergio Aguayo expuso en redes sociales que este escrito, que formará parte del juicio, fue presentado el pasado 17 de enero, para que se hiciera público previo a la investidura de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos.

En este documento se expone que se estima que cada año ingresan a México hasta medio millón de armas de fuego ilegalmente.

Asimismo, que en 2023, según datos de la propia Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadounidense, más del 68 por ciento de las armas que se usaron en un crimen en México provenían de Estados Unidos.

Se advierte que a partir de 2008 el porcentaje de ejecuciones cometidas con un arma ha oscilado entre 60 y 70 por ciento, con un máximo histórico de 72.92 por ciento entre enero y noviembre de 2024.

En un contexto enmarcado por el posible inicio de políticas antimigratorias durante el segundo mandato de Trump, también resalta que entre marzo de 2022 y agosto de 2023, al menos 47.7 por ciento de los migrantes latinoamericanos que solicitaron asilo en Estados Unidos dijeron haber sido amenazados con un arma de fuego.

Con éste, se han presentado al menos tres recursos Amici Curiae y su objetivo es que sujetos externos al caso aporten datos técnicos para el análisis durante la deliberación de la Corte.

Entre los representados pro bono de Arnold & Porter están Adrián LeBarón; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Carlos Pérez Ricart; Lorena Reza Garduño; María Isabel Cruz Bernal, de Sabuesos Guerreras A.C, y la asociación civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL).

La lucha legal de México contra las armas

En los próximos días, la Corte estadounidense deberá deliberar si la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas de EU protege a Smith & Wesson e Interstate Arms.

En 2024, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito le diera revés a una determinación de su homólogo federal, también en Boston, quien ya había declarado la inmunidad de los fabricantes de armas, tras considerar que existe una excepción cuando los daños violan la normativa local o estatal.

La demanda inició en 2021, con el ahora Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien informó que ésta sería en contra de fabricantes estadounidenses por su negligencia en el comercio de armas de alto poder, que organizaciones criminales adquieren a través de supermercados, ferias de armas y vía internet.