Mientras en México el Gobierno actual se ha dedicado a desmantelar la independencia del Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum demuestra que sí cree en los tribunales independientes.

Es por eso que, en la disputa que ha amenazado abrir con Google por haber cambiado el nombre del Golfo de México a Golfo de América, Sheinbaum ha dicho que el Gobierno mexicano acudirá a tribunales internacionales para dirimir esta acción que le parece injusta.

Sheinbaum ha reiterado que el cambio de nombre sólo es válido para la plataforma continental de Estados Unidos y no para todo el Golfo de México, y ha expresado su intención de defender el nombre histórico del golfo mediante acciones legales.

Hasta el momento no ha aclarado Sheinbaum a cuál tribunal internacional acudiría, pero el que más lógica haría es la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La CIJ es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y tiene competencia para resolver disputas entre Estados sobre cuestiones legales, incluyendo controversias territoriales o de soberanía. Sin embargo, para que la CIJ tenga jurisdicción, México y Google (o el país donde está registrado Google) deberían aceptar su competencia, lo cual puede ser complicado dado que Google es una empresa privada y no un Estado.

Dejando de lado si procediera o no en la CIJ, suena maravilloso que la presidenta Sheinbaum vea el valor de los tribunales para defender a México de una acción que le parece injusta.

Para eso es el Poder Judicial, en lo local y en lo internacional. Para defensa de un acto arbitrario, así provenga este del más poderoso gobierno del mundo.

El problema es que, en México, con la reforma judicial aprobada, nos están dejando indefensos a los ciudadanos y empresas, en especial para protegernos como particulares de acciones en las que la autoridad abuse de su poder y/o viole la ley.

No solamente eso. Como se promulgó la reforma judicial con prisas, esto ha generado una andanada de errores.

Ahora es el mismo gobierno el que viola las reglas que ellos mismos aprobaron. Primero cuando le quitaron al Poder Judicial la nominación de sus candidaturas por incumplir los tiempos, aunque lo hiciera para acatar una suspensión judicial. Ahora, por tener el tiempo encima, se quieren publicar las boletas electorales con errores. Nombres que deben estar no están.

No hay datos completos de los que sí deben estar; se quiere meter después del plazo legal los nombres de las tres ministras afines a Morena y un largo etcétera en un intento por tener todo listo para imprimir 600 millones de boletas antes del 20 de febrero.

En el estira y afloja están el Poder Legislativo y el Ejecutivo ahora culpando al INE de ser el encargado de corregir los errores. Así le están pagando su sumisión.

Por lo anterior, el país atraviesa por momentos de incertidumbre jurídica absoluta. A pesar de que tenemos a una Presidenta que, como demuestra cuando quiere acudir a tribunales internacionales para defender el nombre del Golfo de México, reconoce la importancia de tener instituciones jurídicas sólidas e independientes.

¿Le serviría a México acudir a la CIJ si sus jueces fueran sumisos a Trump, como ocurrirá con los jueces electos en México en junio que le deberán su cargo a Morena? Claro que no.