Ciudad de México.- María Luisa Aguilar Rodríguez, subdirectora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señaló que México cuenta con más de 4 mil 500 investigaciones abiertas por tortura, tan solo de 2023.

En entrevista para Aristegui en Vivo resaltó la gravedad de la persistencia de este delito en el país, a pesar de los esfuerzos para erradicarlo.

Aguilar Rodríguez explicó que parte de la lucha, es la publicación del programa nacional para prevenir, investigar y sancionar la tortura, que se encontraba pendiente desde la promulgación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura en 2017.

“ El programa es una herramienta administrativa para generar políticas públicas que ordena crear la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura”, afirmó. 

Este programa, según la ley, tenía que ser publicado en diciembre de 2017, pero no se cumplió con el plazo establecido.

La subdirectora del Centro Prodh explicó que, a pesar de ello, diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil continuaron trabajando en la elaboración del programa.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República se negó a publicarlo, lo que llevó a un litigio impulsado por diversas organizaciones, como Fundar, Documenta y el Centro Prodh.

“ En enero de este año, el Décimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito ordenó a la Fiscalía General de la República publicar este programa. El tribunal le dio a la Fiscalía diez días para cumplir con la sentencia, plazo que se cumplió a inicios de esta semana”, relató Aguilar Rodríguez. 

A lo largo de este proceso, las organizaciones sociales y los organismos internacionales de derechos humanos trabajaron en la creación de las bases de este programa entre 2019 y 2022.

No obstante, fue hasta marzo de 2022 cuando se presentó el amparo, ya que la Fiscalía General de la República, junto con la Secretaría de Gobernación, no había publicado el programa.

Aguilar Rodríguez destacó la importancia del litigio, ya que fue el Poder Judicial quien permitió el avance en la publicación del programa, un paso fundamental para la política pública en materia de tortura.

Sin embargo, la subdirectora también señaló que el programa tiene importantes falencias.

“ Aunque la publicación del programa nacional es un paso positivo, tiene aciertos, pero también presenta múltiples falencias”, indicó. 

Un punto crítico es que el programa no establece sanciones adecuadas para los ministerios públicos y policías ministeriales, quienes están completamente excluidos de las sanciones administrativas por incumplimiento de obligaciones en temas de tortura.

“ En el programa se incluyó una estrategia para sancionar a jueces que no hayan protegido, investigado adecuadamente o denunciado la tortura, pero no se contempla la misma responsabilidad para los ministerios públicos, que son quienes suelen estar más involucrados en los casos de tortura durante las investigaciones”, explicó Aguilar Rodríguez. 

Consideró que esta omisión refleja una postura de la Fiscalía General de la República en deslegitimar al Poder Judicial.

Además, la subdirectora criticó la falta de indicadores en el programa para evaluar si las medidas contra la tortura están siendo efectivas. Estos indicadores fueron parte de un trabajo previo con la sociedad civil y organismos internacionales, pero no se incluyeron en la versión publicada del programa.

“ Es importante que estos indicadores sean incluidos eventualmente en el programa para poder evaluar su eficacia“, remarcó. 

Aguilar Rodríguez también se refirió a la reciente reforma judicial, señalando que no aborda de manera integral el problema de las fiscalías en el país.

“ Es necesario una reforma integral al sistema de justicia en México, pero deben ser reformas que protejan los derechos humanos. Lo que no vemos es una reforma a las fiscalías, que es donde se concentra la mayor impunidad, especialmente en las fiscalías locales”, destacó. 

La subdirectora del Centro Prodh concluyó su intervención haciendo un llamado a que las reformas no solo toquen aspectos procesales, sino que también aborden la necesidad de erradicar la tortura en las instituciones encargadas de la investigación de delitos, como las fiscalías y los cuerpos de policía.

Con información de Aristegui Noticias