Seguridad

Publicado el viernes, 21 de febrero del 2025 a las 20:49
Ciudad de México.- Agentes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguraron 137 ejemplares de reptiles que estaban por ser enviados en avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) rumbo a Tokio-Narita, Japón.
La madrugada de este viernes, durante la revisión de equipaje documentado, con rayos X y con la intervención de elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria de la Marina fueron detectadas 121 tortugas y 16 ranas que eran transportadas de forma irregular.
Se aseguraron 53 tortugas de caja, una de ellas muerta; 3 tortugas de monte; 10 tortugas chacarita cora; 53 tortugas chopontil; 2 tortugas pecho de carey; y 16 ranas árbol coronadas.
🟩 Profepa trabaja para combatir el tráfico ilegal de especies.
Este día, aseguramos 121 tortugas y 16 ranas que pretendían enviar a Japón desde el @AICM_mx.
🐸🐢
Varios de los ejemplares están en alguna categoría de riesgo de la NOM-059, agradecemos a la @SEMAR_mx el apoyo que… pic.twitter.com/caHhkMhdY7— PROFEPA (@PROFEPA_Mx) February 22, 2025
A excepción de las tortugas pecho carey y las ranas árbol, los demás animales asegurados están protegidos por la NOM-059-Semarnat-2010, que habla del tráfico de especies en riesgo y sobre la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Los ejemplares estaban envueltos en recipientes de plástico así como calcetines y se encontraban dentro de dos maletas. Sin embargo, se reporta que todas las especies tenían todas sus extremidades y respondieron favorablemente a estímulos.
Por su parte, la Profepa prepara los documentos necesarios para realizar la denuncia pertinente contra la persona que documentó el equipaje.
El tráfico de especies está tipificado en el artículo 420, fracción IV del Código Penal Federal, y quien lo cometa podrá hacerse acreedor a una pena de 1 hasta 9 años de prisión y de 300 y 3000 días de multa, y podría aumentar hasta en 3 años de prisión y 1000 días adicionales de multa cuando las actividades afecten un área natural protegida con fines comerciales.
“ Vamos a tomar todas las acciones legales necesarias y exigir que los responsables enfrenten las consecuencias penales correspondientes, para evitar que estos actos sigan ocurriendo”, afirmó la titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell.
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