Saltillo, Coah.- El abogado Gabriel Regino Hernández, especialista en materia penal y procesal penal de la Ciudad de México, advirtió que los capos mexicanos enviados a Estados Unidos podrían enfrentar la pena de muerte y demuestra que el Gobierno de México está dispuesto a ignorar procesos jurídicos “fast track” para complacer las demandas del vecino país.

Además, podría provocar una escalada de violencia en nuestro país por parte de los cárteles, como ocurrió en Colombia, donde la delincuencia organizada desató una campaña de terrorismo para evitar la extradición.

El abogado Regino Hernández explicó que hay una diferencia entre la extradición y la entrega por seguridad nacional. La extradición es el proceso legal ordinario, mediante el cual un estado (nación) entrega a otro estado una persona para ser juzgada, atendiendo un tratado bilateral y garantías judiciales.

Por ejemplo, desde 1978 México y Estados Unidos tienen un tratado con la garantía de no dictar pena de muerte, proceso que conlleva un proceso judicial que garantiza el derecho de defensa y prohíbe la pena de muerte, lo que está respaldado en el Artículo 15 de la Constitución Mexicana y el Artículo 8 del Tratado de Extradición.

En cambio, la entrega por seguridad nacional es una figura extraordinaria basada en la Ley de Seguridad Nacional, que define como amenaza a la seguridad actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada (Artículo 5) y faculta la cooperación internacional para combatir amenazas transnacionales (artículos 12, 15 y 16).

Con esas consideraciones, el Gobierno federal interpretó la LSN para trasladar, “de inmediato”, a 29 capos a EU, y evadió el procedimiento de extradición tradicional. Se evitó utilizar el término “extradición” y lo calificaron de entrega por motivos de seguridad nacional.

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Esta entrega masiva, inédita en la historia reciente, marcó un precedente sin retorno; al haberse realizado al margen del Tratado, los acusados quedaron sujetos plenamente a la jurisdicción estadunidense, sin las protecciones procesales habituales.

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Incluso, se abre la puerta a que enfrenten penas prohibidas en México, como la pena de muerte, si EU así lo decidiera. En otras palabras, una vez entregados bajo este esquema excepcional, no hay marcha atrás en sus casos y se establece un modelo del que difícilmente se podrá regresar a los cauces previos”.

Consideró que el procedimiento violó el debido proceso y el orden constitucional. Normalmente, un detenido puede impugnar su extradición ante jueces y obtener amparos que aseguren el respeto a sus garantías individuales mientras se decide su entrega.

En ese caso, aseguró, las garantías fueron soslayadas; la entrega “exprés” dejó de lado los amparos y procesos judiciales en curso que varios de los 29 llevaban en México.

De hecho, trascendió que Rafael Caro Quintero obtuvo una suspensión de amparo contra su extradición pocos días antes, la cual quedó anulada por su envío inmediato a EU.

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Al ignorar órdenes judiciales y remover a los individuos del país sin agotar juicios de extradición, se incurre en posible violación al orden constitucional. Se vulnera el derecho de audiencia y defensa (Artículo 14 Constitucional) y se debilita la división de poderes, pues el Ejecutivo se atribuyó una facultad discrecional por encima del Poder Judicial”.

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Expertos señalan que esta actuación, al no sustentarse en el Tratado ni respetar las sentencias de amparo, podría considerarse contraria al estado de derecho mexicano. El riesgo institucional es claro: establecer un nuevo modelo de entrega discrecional, sin control judicial, que podría repetirse en el futuro al margen de la legalidad ordinaria”.

Sin recurso de amparo

El penalista coahuilense Gerardo Pérez Pérez coincidió con la interpretación de Regino Hernández sobre el envío de los 29 criminales a Estados Unidos, en una entrevista realizada por Super Channel 12 de Grupo Zócalo, aseguró que “la entrega se hace con una excusa que no tiene sostén legal, se encuentra en la Ley de Seguridad Nacional que se promulgó en el Gobierno de Calderón y se utilizó para enviar a 14 reos, entre ellos a Osiel Cárdenas Guillén”.

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Los 29 delincuentes enviados pueden ser sentenciados a pena de muerte o a la cadena perpetua, y no se pueden amparar porque el acto de enviarlos ya fue consumado, los estadunidenses no van a regresar a los 29 recibidos, pone en riesgo las garantías de los mexicanos, la de seguridad jurídica, la de debido proceso y la de legalidad”, dijo Pérez Pérez.

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Cuando estamos en presencia de un proceso extraordinario que está fuera de todo orden, la situación de ellos es análoga a la de un destierro o una expulsión, ellos pueden ser procesados por cualquier delito en los Estados Unidos y pueden ser condenados a pena de muerte o prisión perpetua”, explicó el especialista 

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El mensaje que se deja con este envío es que los norteamericanos están dictando las pautas de la política interior en lo que se refiere a los grupos delictivos. El país está sometido a una situación extraordinaria”, declaró Pérez Pérez sobre esta invocación de la seguridad nacional como argumento para enviar a los criminales sin proceso judicial.

Cadena perpetua a narcopolíticos: PAN

Tras el envío de 29 capos del narcotrafico a Estados Unidos, el Partido Acción Nacional (PAN) presentará una iniciativa para establecer cadena perpetua a políticos asociados al crimen organizado.

El presidente del partido, Jorge Romero, adelantó que la propuesta se presentará en la Cámara de Diputados; mencionó que aunque el envío de estos narcotraficantes “ayuda”, no resuelve el problema de la violencia ni desmantela en automático las redes de corrupción que, acusó, se han infiltrado en los gobiernos estatales.