Con 22 votos a favor, uno en contra, cero abstenciones y 17 ausencias, en sesión extraordinaria y poco después de la 1:00 hora, los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura aprobaron la apertura del juicio político a partir de una denuncia presentada por un ciudadano, cuya identidad se mantiene en reserva.
Además, toda la información relacionada con el caso está clasificada como reservada por acuerdo de las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales, instancias que recibieron y analizaron la denuncia.
Una vez examinada la denuncia de juicio político, ambas comisiones turnaron el dictamen al Congreso para su votación.
Si bien la acusación es reservada y el Congreso de Michoacán no reveló los motivos específicos que señalan a la presidenta municipal, emanada de Movimiento Ciudadano (MC), sí mencionó que Ávila Castrejón será juzgada conforme a la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos dentro del estado de Michoacán.
Dicha ley establece que un servidor público puede ser sujeto de juicio político si incurre en actos u omisiones que atenten contra las instituciones democráticas o la forma de gobierno, vulneren de manera sistemática los derechos humanos, afecten planes, programas o el presupuesto, impliquen usurpación de atribuciones o violen la Constitución.
Los diputados determinaron turnar el expediente a la Comisión Jurisdiccional para que desahogue el procedimiento conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la legislación aplicable.
¿Cómo fue la entrega de juguetes?
El 27 de diciembre, a través de redes sociales, se hizo pública la entrega de juguetes a la población en Coalcomán, presuntamente realizada por un grupo criminal.
Pese a que Anabel Ávila se encontró en el centro de la polémica y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán inició las indagatorias correspondientes, la presidenta municipal nunca presentó su renuncia y continuó en funciones.
A la fecha, la carpeta de investigación sigue abierta para determinar si la indiciada resulta responsable.
Finalmente, una vez admitido el juicio político contra Anabel Ávila, el Congreso de Michoacán deberá notificarle por escrito la acusación en un plazo de cinco días, para que comparezca o presente por escrito sus pruebas.
