Michoacán.- El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán concedió un amparo que ordena a la Presidenta Claudia Sheinbaum, al Gobernador michoacano, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, y a las dependencias bajo su cargo, a localizar y retirar las narcominas en toda la región de la Tierra Caliente.

En respuesta al juicio de amparo 272/2025, interpuesto por un grupo de 15 jornaleros, cuyos nombres fueron reservados ante el peligro del crimen organizado, el juez ordenó que tanto el Gobierno federal como estatal elaborar un programa nacional de desminado.

“ Deberán elaborar un programa nacional de desminado con el objeto de determinar: La extensión y ámbito del problema de las minas en la zona de Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, pertenecientes al municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, y sus zonas aledañas. Los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para la ejecución del programa, así como los criterios, indicadores y mecanismo de evaluación sobre la eficacia de dicho programa y el número estimado de días, meses o años necesarios para destruir todas las minas de las zonas minadas bajo la jurisdicción o control del Estado Mexicano”, indicó.

Apenas el pasado 8 de febrero, el jornalero José Luis Ramírez, de 43 años, y el adolescente Pablo Ríos, de 15 años, que también trabajaba en un plantío de limón en la comunidad de Santa Ana Amatlán, murieron tras estallarles uno de estos artefactos.

El Juez de Carrera Judicial Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, también ordenó crear un programa de sensibilización sobre el problema de las minas y dar asistencia a las dos víctimas.

En el amparo también se menciona al maestro rural Ramón Paz Salinas, fallecido el 13 de enero cuando su camioneta pasó sobre una narcomina.

El amparo fue solicitado por un grupo de 15 personas quienes acusaron de omisión a Sheinbaum y a Ramírez Bedolla, así como a los funcionarios dependientes, como los Secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y sus subalternos, y titulares, encargados o responsables de la Guardia Nacional, tanto a nivel Federal como Estatal.

“ Existe un riesgo latente y diario de que los habitantes de nuestra comunidad y las aledañas, pierdan la vida, porque desconocen dónde están ubicados dichos
dispositivos explosivos. Omisión con la cual SE VIOLA NUESTRO DERECHO A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD PERSONAL, AL TRABAJO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SEGURO, EN EL QUE PODAMOS REALIZAR NUESTRAS VIDAS COTIDIANAS SIN MIEDO”, indicaron en la demanda.

El juez dictó una suspensión provisional el 7 de marzo y citó a la audiencia incidental para el 14 próximo.