Ciudad de México.- El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas anunció hoy que iniciará para México el procedimiento establecido en el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.

Esto abre la posibilidad de que intervenga la Asamblea General de Naciones Unidas en caso de encontrarse indicios de que la desaparición forzada es una práctica generalizada o sistemática en el País.

En su discurso de clausura del 28 periodo de sesiones del Comité de la ONU Contra la Desaparición Forzada, el presidente Olivier de Frouville, se refirió al caso urgente de México.

Conforme al artículo 34, el comité decidió, primero, solicitar al Estado parte la información pertinente en relación con esta situación, lo cual en absoluto prejuzga las siguientes etapas del procedimiento”, declaró.

De Frouville explicó que en las próximas semanas el comité solicitará al Estado Mexicano dicha información.

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“ El comité tiene como objetivo mantener con el Estado cooperación y diálogo constructivos para alcanzar nuestro objetivo común, que no es sino la aplicación íntegra de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas”, abundó.

Recientemente la ONU se había expresado por el tema de la desaparición forzada en México, cuando llamó a las autoridades mexicanas a realizar una investigación exhaustiva sobre las fosas y los crematorios clandestinos hallados en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, y a redoblar esfuerzos para identificar los restos hallados.

Liz Throssell, portavoz del organismo, señaló el 13 de marzo que se trata de una muestra de la crisis de desapariciones forzadas en México.

“El reciente descubrimiento en México de restos humanos calcinados y cientos de objetos personales, como zapatos y ropa, en un rancho presuntamente operado por un cártel de drogas, es un recordatorio profundamente perturbador del trauma de las desapariciones vinculadas al crimen organizado en el País”, manifestó en una declaración difundida este viernes.

“El descubrimiento resulta aún más perturbador dado que el rancho había sido previamente allanado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de Jalisco, sin que se detectaran pruebas cruciales”.

Indicó que ONU-DH nota el compromiso de las autoridades federales y estatales de examinar posibles omisiones en la operación de búsqueda inicial.