Toluca.- Tomás Yarrington ingresó esta tarde al Penal del Altiplano.

A bordo de una camioneta blanca, escoltada por tres vehículos y 15 elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, el ex Gobernador de Tamaulipas fue internado en el centro penitenciario de alta seguridad en punto de las 17:58 horas.

El ex Mandatario será puesto a disposición de Raquel Duarte Cedillo, Juez Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca.

Se espera que a partir de este jueves el ex Mandatario empiece a comparecer a las audiencias de declaración preparatoria ante los Juzgados Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas y Segundo y Cuarto de Distrito en Materia Penal de Toluca.

De acuerdo con autoridades judiciales, en estos órganos jurisdiccionales se encuentran radicadas las tres órdenes de aprehensión que fueron libradas en su contra por delitos contra la salud, delincuencia organizada y lavado de dinero en distintas modalidades.

Debido a que se trata de procedimientos penales tramitados en el sistema de justicia mixto y escrito, las comparecencias no se llevarán a cabo en una sala de audiencias con diligencias orales abiertas al público, sino en una rejilla de prácticas del interior del Altiplano.

En dichas diligencias, Yarrington tendrá la opción de rendir su declaración preparatoria ante la autoridad judicial o reservarse el derecho a rendir su testimonio.

Estados Unidos deportó a México a Tomás Yarrington Ruvalcaba, después de ocho años de haber sido detenido en Italia.

El ex Gobernador fue entregado por autoridades migratorias estadounidenses en la Garita Internacional de Tijuana-San Ysidro.

Al ex Mandatario le esperan tres órdenes de aprehensión, la primera fue girada el 8 de agosto de 2012 y en ella lo acusan de delitos contra la salud por presuntos vínculos con el Cártel del Golfo y los Zetas.

La segunda fue librada en 2017 por un supuesto lavado de 12.7 millones de pesos y 450 mil dólares. La última fue ordenada el año pasado por los delitos de delincuencia organizada, con fines de cometer delitos contra la salud y lavado de dinero, en la modalidad de adquirir diversos inmuebles por interpósita persona, señalan informes judiciales.