Ginebra.- El Comité de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migratorios (CMW) evaluó en Ginebra al Gobierno mexicano y emitirá recomendaciones al considerar escasos avances en la búsqueda, justicia y reparación para las familias de migrantes víctimas de desaparición y masacres en el país.

En la reciente revisión realizada los días 7 y 8 de abril, este comité de la ONU evidenció la falta de respuestas satisfactorias por parte de este Estado en relación con la violencia sistemática que enfrentan los refugiados y migrantes en su tránsito por el territorio nacional.

Durante las sesiones en las que estuvieron presentes varias organizaciones y redes de derechos humanos, destacó la ausencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Nacional de Migración (INM), instituciones clave para atender la temática.

Las asociaciones, incluyendo la Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Sin Fronteras, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria presentaron informes detallados ante el Comité, exponiendo los principales desafíos que enfrenta México en materia de protección de los derechos de los migrantes.

Entre los temas abordados se enlistaron pendientes del Estado mexicano en materia de desaparición, masacres y trata de migrantes, detenciones y expulsiones, revisiones migratorias inconstitucionales, militarización, discriminación, racismo y xenofobia, regularización migratoria, atención y derechos de niñez migrante, falta de acceso a derechos, otorgamiento de tarjetas de visitantes por razones humanitarias, entre otros.

De acuerdo con lo informado por Fundación para la Justicia, el Comité solicitó información específica al Estado mexicano sobre las acciones implementadas para investigar los delitos y las violaciones de derechos humanos contra migrantes, fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas e instalar la Mesa de búsqueda de migrantes pendiente desde hace 3 años.

“ Por otro lado, el Estado reconoció pendientes en el diseño de política pública para atender la crisis de desapariciones en el país y la necesidad de fortalecer el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, principalmente en El Salvador, para que las familias de personas migrantes puedan acceder a mecanismos de justicia transnacional”, expuso la organización.

“ Sobre la falta de verdad y justicia para los familiares de las víctimas de las masacres de 72 migrantes (2010), fosas clandestinas de San Fernando (2011) y Cadereyta (2012), lamentablemente la delegación del Estado Mexicano sólo mencionó los largos juicios iniciados por las víctimas y la Fundación para la Justicia para poder acceder a la información de los expedientes de investigación, sin informar resultados de las investigaciones de la FGR, ni avances en la identificación y sanción de responsables”.

Las organizaciones de la sociedad civil indicaron al Comité que, en relación con la masacre de los 72 migrantes y el caso de San Fernando, las únicas sentencias dictadas (hasta el momento) fueron contra 38 presuntos integrantes de Los Zetas por delitos conexos como delincuencia organizada o portación de arma de fuego, pero no por los secuestros, tortura y homicidios de los migrantes.

La Fundación para la Justicia refirió que el Estado mexicano también admitió el bajo índice de judicialización de casos de delitos cometidos contra migrantes, al informar que entre 2019 y 2025 se emitieron apenas 53 sentencias, de las cuales solo 43 fueron condenatorias. En cuanto a la desaparición forzada, se registraron únicamente 15 sentencias condenatorias entre 2018 y 2023, sin especificar si las víctimas eran migrantes.

Al respecto, apuntó, el Comité de la ONU expresó su preocupación por los efectos de la creciente militarización del control migratorio en México y los casos en los que personas migrantes han sido asesinadas a manos de fuerzas castrenses como la Guardia Nacional. Pablo Ceriani, Relator del Comité para México, enfatizó que este enfoque securitista permea y afecta negativamente todos los aspectos de los derechos de los migrantes en el país.

Durante la evaluación, se cuestionó al Estado mexicano sobre casos específicos de violencia y presunta impunidad, como la masacre de 17 migrantes en Camargo, Tamaulipas (2021), el asesinato del ciudadano cubano Cristóbal Cobreiro a manos de la Guardia Nacional en Chiapas (2021), el feminicidio de la migrante salvadoreña Victoria Salazar por policías municipales en Quintana Roo (2021) y el trágico incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, donde 40 migrantes perdieron la vida.

Con la excepción de la masacre de Camargo, donde se dictó sentencia condenatoria contra 12 policías estatales de Tamaulipas, la mayoría de estos casos permanecen en la impunidad, reprocharon.

Las organizaciones de derechos humanos lamentaron la ausencia de una política pública integral y efectiva para prevenir la repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes, a pesar de la situación generalizada de extorsión, secuestro y trata de personas migrantes, así como la continua ocurrencia de homicidios y desapariciones en México, considerado el corredor migratorio más grande del mundo.

“ Es enorme la deuda en la atención básica a las familias de víctimas migrantes, con ausencia de políticas de atención diferenciada, con enfoques de género, niñez, interseccionalidad y transnacionalidad. La discriminación institucional sigue imperando cargando a las víctimas con responsabilidades que no les corresponden, y sin desarrollar coordinaciones bilaterales o regionales con los gobiernos de los países de origen”, consideraron las asociaciones.

Ante este panorama, el Comité de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migratorios publicará su informe y recomendaciones para México el próximo martes 15 de abril.

Las organizaciones de la sociedad civil esperan que el Estado mexicano asuma con la urgencia y la seriedad necesarias las problemáticas señaladas y adopte medidas concretas y efectivas para garantizar la protección de los derechos humanos, la búsqueda de la verdad, el acceso a la justicia y la reparación integral para las víctimas migrantes y sus familias.