Ciudad de México.- El Congreso esperará a que concluya el diálogo del gobierno federal con colectivos de familiares de desaparecidos, para discutir en un periodo extraordinario las reformas presidenciales a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como a la Ley General de Población, expuso el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

“ Ya nos tocará reformar las leyes en términos del diálogo y los consensos que se logren” con las familias de las víctimas, dijo en conferencia de prensa, luego de que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que solicitará al Legislativo un periodo extraordinario donde se discutan ambas reformas.

Monreal adelantó también que la próxima semana –cuando se realizarán tres sesiones tras el puente de 12 días por Semana Santa– la cámara espera recibir dos iniciativas que anunció la presidenta, la de competencia económica y antimonopolio y una de telecomunicaciones.

Ambas “son indispensables para poder asignar las facultades que tenía la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (que desapareció Morena) para que no haya vacíos peligrosos y no haya ausencia normativa que regule esas actividades”, indicó.

Respecto de las iniciativas de la Presidencia en materia de desapariciones forzadas, recordó que fueron enviadas al Senado el 1 de abril. “Y, a pesar de que se iban a aprobar, por petición de los grupos de buscadores, asociaciones civiles y personas que tienen a sus personas desparecidas, decidió escuchar a todos los colectivos por conducto de la Secretaría de Gobernación”, señaló.

Planteó que, cuando concluya este diálogo, “seguramente con aportaciones de los colectivos se van a modificar (las iniciativas) y el Congreso estará en aptitud de aprobarlas para beneficio de las personas que tienen este problema tan grave. Tenemos, porque yo también tengo familiares en esas condiciones lamentables. Estoy seguro que resultará algo de este diálogo productivo”.

Convino que la Comisión Permanente –que empieza funciones en mayo durante el receso de las dos cámaras del Congreso– deberá convocar a un periodo extraordinario, donde también se aborden otros temas que quedarán pendientes en la agenda legislativa.

“ En este periodo no se podrán votar, ya faltan 15 días para que concluya el periodo ordinario y no dará tiempo”, agregó.

Las dos iniciativas en materia de desaparición forzada se pusieron en pausa para dar paso al diálogo con los colectivos con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Entre las medidas que plantea en las iniciativas está definir que la Clave Única de Registro de Población (CURP) cuente con fotografía y huellas dactilares, y funcionará como el documento nacional de identificación.

Para ello, se propone que Gobernación integre la información biométrica mediante la transferencia de datos en poder de las autoridades de los tres órdenes de gobierno al Registro Nacional de Población o la asistencia de las personas a aportar sus datos en los centros que al efecto habilite la dependencia.

También se contempla la participación de la Guardia Nacional en tareas específicas de búsqueda y la reducción de penas a quienes se desistan de la comisión del delito y aporten información para la ubicación de víctimas, ya sea vivas o muertas.

Uno de los temas que ha causado polémica, es la propuesta para que toda autoridad y particular que tenga a su cargo datos biométricos o cualquier otro que permita identificar personas, deberá permitir a la fiscalía general y a las locales, a las instituciones de seguridad pública que integran el gabinete de seguridad y al Centro Nacional de Inteligencia, “el acceso irrestricto y consulta inmediata de sus registros, bases de datos o sistemas de información, para las acciones de investigación”.

También se prevé la creación de una plataforma única de identidad, una base nacional de carpetas de investigación, así como una ficha de búsqueda y el fortalecimiento de las fiscalías estatales y la obligación de contar con una fiscalía especializada en desapariciones.

La iniciativa argumenta que uno de los principales obstáculos para ubicar a las personas ha sido la falta de identificación de los cuerpos que se encuentran bajo resguardo de instituciones públicas o privadas, por lo que se introduce la obligación de mantener actualizados los registros sistematizados con la información forense que se obtenga de los mismos, y remitir la información al Banco Nacional de Datos Forenses.

Información de La Jornada.