Saltillo, Coah.- Amenazas verbales, agresiones físicas, daños patrimoniales, calumnias e insultos se han convertido en la constante para numerosos docentes en Coahuila. Bajo un sistema que los desampara, los maestros deben acudir día tras día a sus centros de trabajo, obligados a enfrentar a quienes, irónicamente, deberían ser sus aliados en la formación de nuevas generaciones: los padres de familia.

A través de una serie de testimonios, educadores de nivel básico manifestaron su indignación y temor, al considerar que la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila carece de mecanismos de protección y respuesta ante este tipo de situaciones. La desprotección institucional, señalaron, los deja en situación de vulnerabilidad frente a actos de violencia que no sólo afectan su integridad física, sino también su estabilidad emocional y su capacidad para ejercer su labor educativa.

Denunciaron que, en escuelas como la María de Jesús Cabello, Independencia, Catalina López García, Francisco González Bocanegra, Federico Barrera Fuentes, entre otras de Saltillo, diversos docentes han sido víctimas de agresiones, sin que hasta la fecha encuentren justicia ni protección efectiva.

“ Una cosa es el interés superior de la infancia y otra muy distinta es permitir que una madre de familia violente física o verbalmente a los maestros, afectando no solo a un individuo, sino al ecosistema educativo completo”, apunta una de las quejas.

En la misiva, los educadores explicaron que cada maestro o director que ponen a disposición de la secretaría, es decir, que mueven de centro laboral, es por conflictos con los padres de familia y en muchos de los casos no hay suficientes pruebas para hacerlo, pero aun así los mueven para evitar que los progenitores cierren las escuelas o llamen a los medios.

Movimientos de personal como solución superficial

Los docentes también señalaron una práctica recurrente: cuando se presenta un conflicto con padres de familia, la Secretaría de Educación opta por reubicar al docente en cuestión a otro plantel, sin investigar adecuadamente los hechos ni determinar responsabilidades.

Recordaron con indignación el caso de la maestra Pamela, agredida físicamente en 2024 en la escuela Federico Barrera Fuentes por no complacer las expectativas de algunos padres sobre su método de enseñanza. A pesar de presentar denuncia formal ante las autoridades, la Secretaría optó por trasladarla de centro laboral, ignorando el trasfondo de violencia que había sufrido.

Un caso similar ocurrió en la primaria Catalina López García, donde aunque no se registraron agresiones físicas directas contra la docente, sí hubo ataques contra su vehículo particular. Nuevamente, la respuesta de la autoridad educativa fue deslindarse, bajo el argumento de que su función prioritaria es la defensa de los menores, no del personal docente.

“ Sabemos que, en su momento, la colega fue con el jurídico, pero ahí le dijeron que no podían hacer nada contra la señora o bien para protegerla, que fuera al Ministerio Público a poner una denuncia”, lamentó.

Diálogo, la solución

Ante esta situación, el secretario de educación, Emanuel Garza Fishburn, realizó un llamado a la comunidad escolar a fomentar relaciones basadas en una lógica constructiva, privilegiando la comunicación como herramienta para la resolución de conflictos.

A pregunta expresa de este medio sobre la existencia de protocolos específicos para proteger a los docentes, el funcionario reconoció que “siempre habrá áreas de mejora”, y enfatizó la necesidad de regresar al diálogo para entender las necesidades de todas las partes involucradas.

“ Hay que entender lo que hay detrás de las partes involucradas y eso implica que podamos fortalecer nuestras capacidades de mediación y la cultura de paz a nivel de cada plantel educativo”, sostuvo Garza Fishburn.

El funcionario estatal dijo que la dependencia a su cargo no puede ser juez y parte pues “hay que permanecer imparciales y poder entender que hay detrás de cada una de las partes antes de cualquier acción que pueda afectar a una o a otra parte.

Sin embargo, para los maestros afectados, estos llamados “suenan huecos” frente a la gravedad de los hechos y a la ausencia de acciones concretas de protección y justicia.

Un vacío legislativo que urge atender

Actualmente, en Coahuila no existe una legislación específica que proteja a los docentes de las agresiones por parte de padres de familia. El único marco regulatorio aplicable son la Ley Estatal de Educación de Coahuila, la Ley General de Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que establecen de manera general derechos y obligaciones tanto para maestros como para padres de familia.

De acuerdo con la diputada Magaly Hernández, presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, existe un vacio legislativo por lo que se carece de mecanismos específicos que amparen a los docentes víctimas de violencia parental.

“ Si bien existen leyes relacionadas con la educación y la seguridad, no existen leyes que garanticen y protejan al sector de docentes, no existe legislación especifica para los maestros que prevenga y protejan en cuestión de agresiones físicas, psicológicas y virtuales.

Por lo anterior es que el personal docente se encuentra constantemente vulnerado ante las situaciones de violencia, tanto de padres de familia como de alumnado”, recalcó.

La legisladora recordó que en el congreso del Estado esta pendiente de aprobar una iniciativa que desde 2019 la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda (PRD), presentó y buscaba reformar la Ley Estatal de Educación, el objetivo era gestionar de manera mas efectiva los conflictos entre profesores, padres de familia y alumnos.

Por ello, la legisladora —quien además forma parte del gremio magisterial—, adelantó que durante la presente legislatura se ha buscado impulsar reformas que incluyan protocolos claros de actuación ante casos de violencia contra maestros, así como sanciones para los agresores y mecanismos de apoyo sicológico y legal para los docentes.

Además de presentar puntos de acuerdo como el del pasado 23 de marzo de 2024 donde desde el pleno se exhortó al secretario de educación para que en el ámbito de sus atribuciones, llevará a cabo las acciones correspondientes para adoptar medidas verdaderamente eficaces para prevenir, detectar y contrarrestar la violencia y las agresiones en las escuelas, para que estas medidas sean integrales y orientadas hacia la promoción de una cultura de paz, fomenten el respeto mutuo y la resolución pacífica de conflictos, así como hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa en Coahuila.

La cultura de la denuncia y la necesidad de apoyo

Expertos en educación y derechos laborales coinciden en que uno de los principales obstáculos para visibilizar la violencia contra docentes es el temor a las represalias:

La cultura institucional imperante desalienta a los maestros de denunciar por miedo a ser considerados “problemáticos” o incluso ser sancionados administrativamente.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado no existe estadística que permita conocer cuantos docentes han interpuesto alguna denuncia toda vez que las querellas se clasifican por delito por lo que no se guarda registro de cuántas son por temas de amenazas de padres en contra de maestros.

Por su parte la Secretará de Educación del Estado de Coahuila omitió proporcionar información sobre el número de víctimas de algún tipo de delito en su contra atendidas por el departamento jurídico.

La violencia contra los docentes no sólo afecta a los maestros: impacta directamente en la calidad educativa, genera climas escolares tensos y merma la confianza entre la comunidad educativa. Resolver este problema implica un esfuerzo conjunto de autoridades, legisladores, maestros, padres de familia y alumnos.

Mientras tanto, decenas de educadores en Coahuila seguirán enfrentando cada día las aulas no sólo con libros y pizarras, sino también con la incertidumbre de no saber si su labor será reconocida o si terminarán siendo víctimas silenciosas de una violencia que, hasta ahora, no cuenta con un freno efectivo.