Saltillo, Coah.- El diputado Antonio Attolini Murra, en su calidad de Coordinador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Congreso del Estado, presentó este día un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda González, a que cumpla de forma cabal e integral con las diez recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) en la Recomendación 07/2025, derivada del operativo de desalojo en el Ejido Nuevo Mieleras, ocurrido el 7 de abril de este año.

“El asesinato de Rolando Medina Puentes por un elemento del Grupo de Reacción Torreón es una herida abierta en la conciencia pública de La Laguna. Las instituciones no pueden ser cómplices del silencio. Exigimos justicia, reparación y garantías de no repetición”, expresó el legislador de Morena.

Durante la presentación, Attolini Murra enfatizó que la Recomendación 07/2025 documenta violaciones directas al derecho a la vida, a la legalidad y a la prestación del servicio público, en tanto se utilizó fuerza letal injustificada y se negó el auxilio médico oportuno, lo que constituye una falta grave al deber constitucional de proteger los derechos humanos.

Entre las medidas exigidas se encuentran:

● La emisión de una disculpa pública por parte del alcalde.

● La apertura de procedimientos administrativos contra los agentes involucrados.

● La compensación económica proporcional a las violaciones cometidas.

● La creación de un protocolo homologado para operativos judiciales.

● Capacitaciones permanentes al Grupo de Reacción Torreón en derechos humanos y uso proporcional de la fuerza.

Asimismo, el diputado Attolini denunció que los informes municipales entregados en el proceso de investigación intentan negar la confrontación entre civiles y agentes municipales, pese a las múltiples evidencias en video, testimoniales y periciales que contradicen esa versión oficial. “El negacionismo institucional es un agravio adicional para las víctimas”, señaló.

En su posicionamiento ante el pleno, el legislador citó el artículo 1° constitucional y recordó que todas las autoridades están obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos.

“ Lo que sucedió en Nuevo Mieleras es una prueba de fuego para la seriedad de nuestros compromisos con el Estado de Derecho. Si el alcalde se niega a acatar esta recomendación, se colocará fuera del marco constitucional”.  

El exhorto fue turnado a las comisiones de Seguridad y de Defensa de los Derechos Humanos, y el diputado Antonio Attolini advirtió que dará seguimiento puntual al cumplimiento de las medidas señaladas por la CDHEC, pues “lo que está en juego es la vida, la verdad y la justicia”.