Ciudad de México.- El arqueólogo y divulgador cultural Omar Espinosa consideró que el permiso otorgado por el INAH a Jimmy Donaldson, “Mr. Beast”, para la grabación de un video en zonas arqueológicas mayas revela un favoritismo al influencer estadounidense, quien no cubrió íntegramente los requisitos previstos en la normatividad.

“Hay una fila de espera de proyectos, de divulgadores, de comunicadores de la ciencia que han pedido por años acceso a materiales o a zonas arqueológicas y se les ha negado por cuestiones técnicas”, expuso.

Lo denuncia INAH, pero 60 millones ven video de Mr. Beast

Por norma, el youtuber debía presentar un guion antes de la filmación y someterlo a la revisión del Consejo de Arqueología, que evaluaría su contenido.

El INAH, sin embargo, le permitió mostrarlo después, porque el youtuber estaba apurado. Al final, el guion del video “Sobreviví 100 horas dentro de un templo antiguo”, publicado el 10 de mayo, no fue presentado.

Donaldson no solo tenía apuro, sino el respaldo de la Secretaría de Turismo federal y de los Gobiernos de Campeche y Yucatán, como reconoció el mismo Prieto el pasado 13 de mayo.

Si bien Donaldson contravino la ley, y el INAH incluso interpuso una demanda contra el influencer por la publicación de información falsa y la utilización de la imagen de los sitios arqueológicos para la publicidad de marcas comerciales, la Institución fue la primera que no observó sus procedimientos, indicó Espinosa.

“Esto es un error de los funcionarios, no de Mr. Beast. A él le dieron luz verde. Las autoridades no hicieron su trabajo, en realidad se están lavando la cara”, consideró en entrevista.

Espinosa, fundador de la plataforma Libreta Negra Mx, que divulga el patrimonio y aborda problemáticas en torno del mismo, explicó que las filmaciones en zonas arqueológicas de México están normadas por leyes federales como la de Monumentos y la de Derechos, así como trámites del INAH que prevén, por un lado, un pago y, por otro, la presentación de un proyecto.

Un día de grabación con equipo profesional en una zona arqueológica ronda los 14 mil 600 pesos, por ejemplo.

Son dos etapas consecutivas, aclaró, el arqueólogo: primero, el dictamen que evalúa la solvencia académica y científica de la información presentada en las videograbaciones y, luego, el cobro. Sin el visto bueno del contenido, el Jurídico del INAH no emite resolución.

El trámite, precisa, suele tardar uno o dos meses.

El especialista advirtió también que el video de Mr. Beast puede alentar indirectamente el saqueo del patrimonio. Muestra, por ejemplo, una supuesta máscaa maya que no está en un museo, sino en las manos de un guía.

“No se lo digas a nadie, es un secreto”, solicita el guía que acompaña al youtuber en el referido video.

“Puede generarse una mala representación o reforzar los estereotipos de la arqueología como una ciencia que busca tesoros”, opinó Espinosa.

La responsabilidad de promocionar correctamente el patrimonio es del Estado, no de un youtuber externo, puntualizó el arqueólogo y reflexionó sobre el flujo indiscriminado de turistas que puede acarrear este tipo de materiales.

“Si un sitio arqueológico no tiene la infraestructura suficiente para recibir una carga de visitantes, va a tener un problema muy grande, porque se van a dañar elementos patrimoniales y eso está sucediendo en Teotihuacan”, previno.

Este jueves el video de Mr. Beast superaba los 59 millones de vistas.

Sale Layda a defender al influencer

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, emanada de Morena, salió en defensa de Mr. Beast.

En un mensaje, manifestó que el video del youtuber es una promoción para el turismo de Campeche y cuestionó que la Secretaría de Cultura del Gobierno federal anuncie que habrá denuncia y sanciones. En todo caso, dijo, esas demandas deberían ser contra Campeche.

“Lamento profundamente que no se ponderen los beneficios para Campeche. Este video representa una enorme publicidad para el estado, con más de 56 millones de vistas en solo cuatro días, y por cierto, fue realizado con respeto y profesionalismo.

“Me sorprende que, en cambio, la Secretaría de Cultura quiera sancionar la producción por sus adaptaciones para un público juvenil e infantil internacional, las cuales son características típicas de la literatura visual. Estas adaptaciones no violan la ley vigente ni ponen en riesgo el patrimonio arqueológico nacional”, consideró la Gobernadora morenista.