Ciudad de Panamá.- Varias agrupaciones feministas de Panamá marcharon este domingo por la capital en contra de varias iniciativas del Gobierno de José Raúl Mulino y pidiendo el cese de la “represión” en las protestas que se desarrollan en el país hace más de un mes.

“El objetivo de alzar la voz en torno a este contexto que se está viviendo en el país. Estamos a 30 días de una huelga nacional donde se han vulnerado los derechos de mujeres, niños, trabajadores, abogados y periodistas“, dice Sharon Pringle Félix, parte de la coordinación de la marcha “Mujeres por la soberanía, la justicia social, los derechos humanos y la paz”.

Centenares de mujeres marcharon por la capital, algunas ataviadas de blanco, otras indígenas con sus vestimentas tradicionales, portando banderas de Panamá y carteles con mensajes como “Por luchar nos encarcelan” o “Panamá, peligro de extinción”. La marcha se repitió en otras ciudades del país.

En un comunicado firmado por casi 30 colectivos en pro de los derechos de las mujeres, “reafirman” su compromiso con el “respeto a los derechos humanos, al disenso y a la protesta como mecanismos legítimos de participación democrática“.

Así como con la “defensa de la soberanía nacional” al rechazar un acuerdo suscrito en abril entre Panamá y Estados Unidos que amplía la presencia militar estadounidense de carácter temporal y rotativa y descarta la instalación de bases castrenses en ese país.

También “exigen” la derogación de la ley que reforma la Seguridad Social al considerar que “impone un modelo de pensiones inconveniente para la mayoría de la población” y rechazan la “minería metálica a cielo abierto” después de que el Gobierno haya señalado su disposición de conversar con la minera sobre el futuro del clausurado proyecto en 2023, por un fallo del Supremo tras una oleada de protestas.

Piden diálogo

“Frente al autoritarismo, la exclusión y la corrupción institucionalizada, reafirmamos nuestro derecho a ser escuchadas. La represión no es respuesta. Exigimos diálogo, justicia social, equidad y una paz real, construida desde la participación, el respeto y la noción del buen”, señala el comunicado.

Desde hace más de un mes, algunos sindicatos docentes comenzaron una huelga indefinida a la que se unieron escalonadamente el sector obrero, bananero así como grupos indígenas. Se han registrado enfrentamientos con la Policía, después de que los manifestantes intentaran cortar las principales vías del país.

La principal causa de las protestas es la ley que forma la Seguridad Social, pero también se suman el acuerdo de seguridad con EE.UU, la minería y la construcción de un nuevo embalse para el Canal de Panamá, mismas motivaciones que hoy empujaron a las feministas a marchar.

La situación más grave se registraba en esa provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica y dependiente tanto del sector turismo como del bananero. Allí, la bananera Chiquita Panamá anunció esta semana el despido de casi 5.000 trabajadores en huelga tras un frustrado diálogo entre el Gobierno y el sindicato así como el reporte de unos 75 millones de dólares en pérdidas.

Los pueblos indígenas han denunciado violencia policial contra ellos, inclusive que en algunas comarcas están “sitiados militarmente”. Por ello, escribieron una carta a el papa León XIV para que interceda con el Ejecutivo y se instaure un diálogo.

En medio de estas protestas, el principal líder sindical del país, Saúl Méndez, se refugió el pasado miércoles en la embajada de Bolivia al alegar persecución política, acusación que el Gobierno niega. Bolivia le ha dado “protección temporal” mientras analiza el asilo.

Horas después de que Méndez se refugiara en la sede diplomática, la Fiscalía ordenó la aprehensión de “ciudadanos panameños”, entre ellos 11 dirigentes del poderoso Suntracs, uno de ellos sería Méndez, por una investigación del año 2022 a raíz de una “querella interpuesta por extrabajadores de un proyecto de construcción (…) quienes se encontraban afiliados” a dicho sindicato.