¿Con qué elección se puede comparar la de este domingo 1 de junio para renovar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nombrar magistrados y jueces federales? ¿Con alguna Presidencial o para Gobernador? Con ninguna, pues jamás se ha celebrado una igual.

En los procesos políticos los partidos movilizan sus estructuras territoriales para hacerse con más votos y alcanzar el poder. La elección judicial, por ser inédita, abre grandes espacios para la incertidumbre.

¿Cuántos de los casi 100 millones de mexicanos aptos para votar acudirá a las urnas? Eso lo dirá el cómputo, pero yo seré uno de ellos por ser un derecho ciudadano, y porque pienso que, aun con las deficiencias y riesgos que la elección comporta, el país necesita un Poder Judicial independiente, al servicio de la justicia y no de los poderosos que en la actualidad lo controlan.

Curiosamente los sectores, medios de comunicación y la “comentocracia” que el año pasado promovieron el voto por Xóchitl Gálvez, candidata del PAN-PRI-PRD a la Presidencia, hoy se desgañiten y llaman a la abstención.

Así son de demócratas. Si la votación no es copiosa, como todo apunta, se colgarán la medalla, aun a sabiendas de que en México el abstencionismo es alto; y si la participación es intermedia, la atribuirán al acarreo, a los acordeones, nunca a los ciudadanos responsables.

En las elecciones presidenciales de 2018 y 2024, dos de las más concurridas, la participación ciudadana fue del 63.4% y 61%, respectivamente. En los comicios de 2003, para elegir diputados, sólo votó 41% de la lista nominal. Los abstencionistas representaron el 59 por ciento.

Las proyecciones de participación para el domingo varían según la fuente. La encuesta de Enkoll, El País y W Radio, publicada el 26 de mayo, ofrece datos interesantes.

El 86% sabe de la elección; la mayoría se enteró por los medios de comunicación tradicionales (televisión, radio, prensa). El 48% citó el día correcto (1 de junio). El 38% dijo que es “muy probable” que acuda a votar, y el 26%, que es “algo probable”.

El 77% desconoce y no ha escuchado quiénes son los aspirantes. El 18% se declara suficientemente informado sobre la elección; el 43%, poco; y el 35%, algo.

El 72% considera necesaria la elección; el 65%, que “aumentará la confianza y legitimidad” del Poder Judicial; y el 60%, que “reducirá la corrupción e impunidad”. El 31% opina lo contrario.

Para el 52%, los ministros, magistrados y jueces “serán menos vulnerables a la influencia del crimen organizado” si son elegidos por los ciudadanos. Antes los nombraba el Presidente de la República a través del Senado.

La encuesta cierra con la evaluación de la presidenta Claudia Sheinbaum. El 83% la aprueba (“mucho”, el 59%; y “poco”, el 24%). El 15% la reprueba (“poco”, el 8%; y “mucho”, el 7%).

El boicot y la propaganda contra la elección judicial lo explica la infinidad de intereses políticos y económicos que afectará. La Corte y el Poder Judicial obedecen a la oligarquía y a los grupos de presión más que a las leyes y a la Constitución.

Si no, ¿quiénes pueblan las cárceles? El hurto famélico es más grave que el robo de combustible. La decisión de votar o abstenerse corresponde a cada ciudadano y debe respetarse.

Lo importante es construir un sistema no obsecuente con la minoría selecta, sino que en realidad procure el bien común y la igualdad de todos ante la ley.

Un país donde los índices de impunidad superan el 95% es un Estado fallido. La elección implica riesgos, pero también brinda la oportunidad de que la justicia esté al alcance de todos.