Guadalajara, Jal.- A casi tres meses de que se destapó el caso del Rancho Izaguirre, el colectivo Guerreros Buscadores está insatisfecho con la labor que ha hecho la Fiscalía del Estado. Pese a ello, continúa con sus labores de búsqueda.

Índira Navarro, líder de los Buscadores, habló con MURAL de sus impresiones y los aprendizajes que obtuvo de este proceso de denuncia y la visibilización del problema del reclutamiento forzado de jóvenes por parte del crimen organizado.

“Rancho Izaguirre nos dejó un aprendizaje como sociedad; la gente se mostró muy empática en ese momento. Este hallazgo fue una noticia internacional que yo creo que tenía que darse a conocer para que todos se dieran cuenta de lo que estamos pasando aquí en el Estado de Jalisco”, opinó.

A pesar de que actualmente la atención pública sobre el caso ha disminuido, ellas siguen luchando porque se respete el derecho a la verdad y memoria de todas las víctimas y familiares de víctimas de reclutamiento forzado.

“Respecto a la FGR, en especial al equipo de FEIDDF (Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada), te puedo decir que me volvieron a hacer confiar un poco en las autoridades.

“He visto el excelente trabajo que han hecho y las carpetas, las investigaciones, cómo avanzaron. Y por supuesto, algo que veíamos muy lejano era la aprehensión del Presidente Municipal José Ascención Murguía, (pero) ocurrió”, dijo la activista.

En contraste, Índira expresó el descontento que sienten con la Fiscalía local, con los mandos y en particular con la Vicefiscal Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas.

Su colectivo rechazó las imputaciones de abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia, que la Fiscalía Anticorrupción del Estado hizo contra integrantes del cuerpo de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

“Dice el dicho, ‘la línea se rompe por lo más delgado’, y es algo está pasando aquí porque funcionarios, jefes como la Fiscal (Trujillo), se están queriendo lavar las manos; aquí los únicos responsables son los jefes y nosotros vimos mucha colusión.

“Estos cuatro jóvenes peritos solo estuvieron en el rancho el 3 de octubre, antes de que nosotros publicáramos los hallazgos. Nos parece muy injusto acusarlos, porque ellos no intervienen un lugar a menos que un agente ministerial se los ordene”, expresó.

Actualmente, al igual que otros colectivos, Índira reclama que no les han otorgado la protección de Guardia Nacional cuando la han solicitado.

“Nosotros hace un mes fue la última vez que metimos oficio para solicitar el acompañamiento de Guardia Nacional y se nos negó; teníamos una búsqueda cerca de La Barca, que se canceló precisamente porque no nos dieron el apoyo”, reclamó.