La historia del Poder Judicial en México, es la historia de su lucha por la independencia, la legitimidad y la confianza de la gente. Desde su origen, en el constitucionalismo decimonónico, hasta los actuales desafíos, este poder ha transitado entre avances, retrocesos, reformas y realidades estructurales que buscan una transformación jurídica.

El Poder Judicial nace con la primera Constitución de 1824, inspirado en el modelo estadunidense y se concibe como un órgano independiente encargado de administrar la justicia; por mucho tiempo fue un poder débil y subordinado frente al poder Ejecutivo, que dominó buena parte del siglo XIX. Durante el Porfiriato, auque se consolidó un sistema judicial con mayor estabilidad, esa fortaleza estaba al servicio de un régimen autoritario. La justicia no era un instrumento de equilibrio entre poderes, sino un mecanismos de legitimación del orden impuesto. La Revolución Mexicana y su producto: la Constitución de 1917, retomaron el ideal de justicia social pero el Poder Judicial quedó rezagado en cuanto a capacidades reales para contrarrestar los abusos del poder. A lo largo del siglo XX, el presidencialismo limitó la autonomía judicial y las decisiones eran influidas por el Ejecutivo.

A partir de la década de los noventa se inicia un proceso de reforma constitucional que marcaría un antes y un después. La reforma judicial de 1994 fortaleció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reestructuró el número de ministros y confirió funciones de tribunal constitucional. Esta transformación significó el comienzo de una nueva etapa: la Corte ya no era solo un tribunal de casación, sino un actor político capaz de interpretar la Carta Magna y de proteger los derechos fundamentales. La transición democrática en México exigía elecciones libres e instituciones confiables y el Poder Judicial se convirtió en un contrapeso más efectivo en el control de constitucionalidad, en los amparos colectivos y en los derechos humanos. La reforma de 2011 en materia de derechos humanos fue un hito clave que incorporó el principio pro persona y armonizó a la ley fundamental con los tratados internacionales. El Poder Judicial asumió la responsabilidad de interpretar las leyes nacionales e internacionales con rango constitucional. A pesar de los avances normativos, persisten problemas estructurales del sistema judicial; el rezago, la impunidad, el nepotismo y la violencia institucional siguen estando presentes en muchas regiones del país. Las personas enfrentan dificultades para acceder a una justicia pronta, imparcial y gratuita.

Uno de los grandes desafíos del Poder Judicial en México es mantener su independencia frente a las presiones externas. Las tensiones entre la Corte y el Gobierno federal, así como la modificación de su naturaleza y de su estructura, han puesto a prueba la solidez de su autonomía y la colocan en el centro del debate político que puede erosionar su legitimidad si no cuenta con la confianza ciudadana. Democratizar el acceso a la justicia requiere no sólo más recursos, sino de una transformación cultural. La pasada elección representa un momento definitorio para el futuro de México. La elección de organismos jurisdiccionales debe buscar fortalecer la independencia del Poder Judicial; porque defender al Poder Judicial no es defender a personas o partidos políticos, sino proteger la base misma del estado de derecho.