Ciudad de México.- Una juez federal resolvió no vincular a proceso a Judith Aracely Gómez Molano, ex oficial mayor de la PGR, por ninguno de los cuatro delitos que le imputaron por la supuesta adquisición ilegal del malware Pegasus en 460 millones 196 mil 383.64 pesos.

En el mismo asunto, determinó no procesar por tres ilícitos y sólo vincular a proceso por un delito a Vidal Díazleal Ochoa, ex director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).

Durante una audiencia celebrada ayer en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, la juez federal Alejandra Domínguez Santos determinó que, contrario a lo que sostiene la Fiscalía General de la República, la compra de Pegasus fue legal.

“ Resulta evidente que la adquisición se encuentra relacionada con actividades sustantivas, la adquisición no puede considerarse indebida”, dijo.  

La juzgadora federal decretó que no hay elementos para vincular a proceso a Gómez Molano por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa.

En el caso de Díazleal, dictó la vinculación a proceso sólo por uso indebido de atribuciones y facultades y decidió no vincularlo por los otros tres ilícitos, ya que la FGR no presentó los datos de prueba para acreditarlos.

A este último le fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, es decir, para que su defensa y la Fiscalía reúnan sus datos de prueba, y como medidas cautelares le impuso su presentación periódica, cada 15 días, y la prohibición de salir del país.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Internos (FEIAI) imputó a los ex funcionarios por comprar de manera indebida el malware Pegasus a Grupo Tech Bull por 460 millones 196 mil 383.64 pesos, ya que sostiene que tanto el contrato como la autorización de los recursos para pagarlo fueron injustificados.

El contrato fue suscrito el 29 de octubre de 2014 por Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal; Díazleal y Rigoberto García Campos, ex director de Información sobre Actividades Delictivas del CenapI, por una suma de 32 millones 16 mil dólares, que al tipo de cambio de esa fecha equivale al monto ya indicado.

Según la FGR, a solicitud del titular del Cenapi, Gómez Molano, la entonces oficial mayor, autorizó los recursos de la Partida 55102, denominada “Equipos de seguridad pública y nacional”, para la adquisición del sistema de espionaje.

Las autorizaciones se registraron el 26 de septiembre de 2014, por 154 millones 637 mil 280 pesos; la segunda, el 3 de diciembre siguiente, por 280 millones 613 mil 676.72, y la última, el día 9 de diciembre del mismo año, por 21 millones 120 mil 795.12 pesos.

El contrato y la autorización de los recursos, dice la FGR, fue indebida porque los ex funcionarios no justificaron la necesidad de urgencia, riesgo y confidencialidad que exige el Manual de Normas y Procedimientos de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, para disponer de los recursos de la partida 55102.

Esa solicitud, según la Fiscalía, se trató de justificar como un financiamiento para tres investigaciones especiales registradas con los números 014, 015 y 015A, mismas que la propia AIC informó que no existen en sus archivos, además de que ningún organismo de la FGR solicitó la compra o uso del equipo.

La juez Domínguez Santos, sin embargo, deslindó a la ex oficial mayor de los hechos denunciados porque ella no firmó el contrato, y consideró que ni la Ley de Seguridad Nacional ni el citado Manual establecen que se requiera una investigación en curso, o un requerimiento de alguna entidad de la FGR, para usar los recursos de esa partida en la compra de tecnología de inteligencia.

Por el contrario, precisó, la citada ley sí justificaba la adquisición de Pegasus, y en todo caso lo único que por ahora se puede presumir de indebido es que el contrato fue firmado por Díazleal sin un estudio de mercado y sin justificar la adjudicación directa para comprar el malware.

“ La ley no establece qué debe entenderse por tales conceptos (urgencia, riesgo y confidencialidad), si el MP aduce que no se justifica el riesgo, debe señalarse en la Ley de Seguridad Nacional que son una amenaza los actos que impidan actuar contra la delincuencia organizada y en casos de amenaza inminente podrá hacer uso de los recursos que se encuentren a su alcance”, sostuvo.

“ Lo único que ha logrado acreditar la Fiscalía es un contrato que no se apegó a la Ley de Adquisiciones, pero eso no implica que se haya hecho una simulación, que el bien no haya sido entregado o que los recursos hayan sido empleados para una actividad diversa”.