Ciudad de México.- A un año del hallazgo de cientos de objetos personales y prendas por el colectivo Guerreros Buscadores en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) acreditó omisiones de la Fiscalía estatal (FEJ) y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), que ocasionaron violaciones a los derechos humanos, a la legalidad y seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia.

Al emitir Recomendación 11/2026, la cual ya fue notificada, el organismo nacional solicitó a los titulares de la FEJ y del IJCF realizar, en un plazo de seis meses, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de disculpa pública por estas violaciones.

En sus indagatorias, el organismo nacional detectó que el personal de la FEJ y el IJCF no llevó a cabo el procesamiento técnico de las evidencias, particularmente en lo relativo a su identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado; tampoco aseguró adecuadamente el sitio, lo cual era fundamental para la “eficacia” de la investigación.

La Recomendación no incluye a la Fiscalía General de la República (FGR), a pesar de que la madrugada del martes 25 de marzo del 2025 –unos días después del hallazgo en el predio– tomó el control de las investigaciones y el caso pasó a ser un asunto de carácter federal.

Días antes, en conferencia de prensa, el ex titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, informó que hasta ese momento no había “elementos suficientes” para considerar que el rancho Izaguirre se utilizó como centro de exterminio, pero confirmó que en el inmueble se localizaron restos humanos.

Tras el desarrollo de las indagatorias, el 29 de abril de ese año, afirmó que no había una sola prueba que acreditara que el Rancho Izaguirre fuera utilizado como lugar de cremación.

La CNDH atrajo la investigación el 18 de marzo del 2025 por presuntas violaciones a derechos humanos; su personal acudió al lugar los días 19 y 20 para realizar diligencias de observación y reconocimiento.

Hasta ese momento, el predio se encontraba asegurado por la Fiscalía Estatal de Jalisco, la cual tuvo a su cargo “el levantamiento y aseguramiento de indicios, evidencias, objetos, instrumentos y/o productos que podrían estar vinculados con hechos delictivos”.

El organismo nacional recordó que el 20 de marzo de 2025, se permitió el ingreso de personas al inmueble y aunque se pretendió realizar de manera controlada y restringida, “debido al número considerable de participantes se perdió el control del área, lo que derivó en la alteración del lugar y de los indicios que potencialmente podían encontrarse ahí”.

Esta situación, enfatizó, evidenció deficiencias en la preservación del inmueble y en la conducción de las diligencias ministeriales, responsabilidad de la Fiscalía Estatal.

También advirtió que tampoco se aseguró debidamente la cadena de custodia sobre los elementos probatorios recabados en el lugar se encuentran exhibidos en la página de Internet oficial del IJCF, a través de un archivo electrónico que clasifica, describe y contiene un cúmulo de mil 842 indicios, con su respectivo registro fotográfico.

Como parte de la Recomendación la CNDH también solicitó a los titulares de la Fiscalía del Estado de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses elaborar o en su caso actualizar un protocolo de actuación para la correcta preservación y aseguramiento de los lugares de intervención y sus hallazgos, el procesamiento técnico-científico de indicios, el adecuado manejo de la cadena de custodia y la generación de periciales confiables.

Por su parte, la FGJ deberá colaborar en el procedimiento administrativo que la CNDH inicie en la Contraloría Interna en contra de las personas servidoras públicas señaladas en la Recomendación. En tanto que el IJCF tendrá que colaborar con la Fiscalía local en el seguimiento e integración de las carpetas de investigación que se encuentran en trámite.

Para documentar las omisiones de las instituciones del estado de Jalisco, las indagatorias de la CNDH se remontaron a septiembre del 2024, pues desde ese momento detectó que hubo detención de personas y aseguramiento de vehículos y armas de fuego en el Rancho Izaguirre.

Sin embargo, no se realizaron dictámenes periciales ni se aseguró la cadena de custodia de varios objetos y “un lote óseo” encontrados.

Incluso, muestras biológicas encontradas en el inmueble y entregadas para su estudio el 20 de septiembre de 2024 al IJCF, su comparación con el banco de datos de familiares de personas desaparecidas y su resguardo para futuras confrontas se realizó hasta marzo de 2025, lo que constituye un retraso injustificado.

“ En conjunto, estas omisiones evidenciaron deficiencias sistemáticas que vulneraron los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica”, reiteró la CNDH.