Boston, EE.UU. – Una jueza federal suspendió indefinidamente el viernes la polémica iniciativa del expresidente Donald Trump para impedir que la Universidad de Harvard inscriba a estudiantes extranjeros. Esta decisión judicial se produce en un contexto de tensas negociaciones, ya que el propio Trump insinuó la posibilidad de un “acuerdo” con la prestigiosa institución.

La jueza federal Allison Burroughs, quien ya había prorrogado una suspensión temporal, decidió hacerla indefinida. Harvard había logrado previamente esa suspensión inicial en los tribunales, argumentando que las medidas del gobierno de Trump dirigidas a los estudiantes extranjeros eran ilegales e inconstitucionales, y la universidad se había negado a acatar dichas restricciones.

A pesar de las semanas de disputas legales, Donald Trump pareció rebajar la tensión al asegurar en su red social Truth que su administración y la universidad mantienen conversaciones que podrían desembocar en “un acuerdo en torno a la próxima semana”. De concretarse, Trump calificó el posible pacto como “un acuerdo histórico y muy bueno para nuestro país”.

Harvard, la universidad más antigua de Estados Unidos, se ha convertido en un blanco de las críticas de Trump debido a su oposición a los intentos del expresidente de controlar la contratación de personal, el contenido de los programas de estudio y las orientaciones de los programas de investigación.

El expresidente republicano ha criticado constantemente a los centros universitarios, en particular por sus políticas de promoción de la diversidad y por permitir manifestaciones contra la guerra de Israel en la Franja de Gaza, las cuales él ha comparado con “antisemitismo”.

La ofensiva del gobierno de Trump contra Harvard se intensificó a finales de mayo y principios de junio, cuando, tras congelar unos 3 mil 200 millones de dólares en subvenciones y contratos federales, se implementaron medidas para prohibir la admisión de nuevos estudiantes extranjeros en la universidad.

Los estudiantes extranjeros representan el 27 por ciento de la matrícula de la elitista universidad y son una fuente importante de sus ingresos e influencia global. En los documentos presentados ante el tribunal, Harvard acusó al ejecutivo de emprender una “clara represalia por el ejercicio de (su) derecho de la Primera Enmienda” de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión. La universidad rechaza “las exigencias del Gobierno de controlar su gobernanza, su plan de estudios y la ‘ideología’ de su profesorado y sus estudiantes”.