Ciudad de México.- El Gobierno de Australia está considerando incluir a YouTube en la ley que prohíbe el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, aprobada en noviembre y que entrará en vigor a finales de año, tras una recomendación del organismo regulador de internet.

“La ministra está considerando cuidadosamente la recomendación”, declaró un portavoz de la ministra de Comunicaciones australiana, Anika Wells, según recogió este martes la cadena pública australiana ABC.

La directora del organismo regulador de la seguridad en internet, Julie Inman Grant, trasladó por escrito a Wells la propuesta, en una carta que indica que YouTube posee las características de una plataforma que debería estar incluida en la ley que veta a los menores de 16 a las redes, entre ellas Instagram, TikTok o Facebook.

Un reciente informe del organismo señala que la plataforma propiedad de Google es, “con diferencia, la más frecuente” entre “los niños” y donde más “daños” experimentan los jóvenes australianos.

Un ejemplo para el mundo; Australia está cada vez más cerca de hacer realidad la prohibición de redes sociales para menores de edad.

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— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 20, 2025

La ley australiana para impedir que niños y adolescentes accedan a las redes sociales excluye a YouTube por considerar de bajo riesgo a la plataforma, lo cual fue considerado “una burla a la intención del Gobierno de proteger a los jóvenes” por parte de la matriz de Facebook e Instagram, Meta.

Australia está cada vez más cerca de hacer realidad la prohibición del acceso a los menores de 16 años a las redes sociales, tras obtener el pasado viernes resultados positivos de un ensayo sobre la viabilidad tecnológica de la ley, que entrará en vigor a finales de año.

La norma, pensada para proteger a los menores de posibles problemas de acoso y salud mental, dicta que la responsabilidad de denegar su acceso a las redes recae sobre las propias empresas al frente de las plataformas, que si incumplen la ley afrontan multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (alrededor de 28 millones de euros).

Algunas como X cuestionaron la “legalidad” de ley cuando esta todavía era un borrador, arguyendo que podría no ser compatible con regulaciones internacionales y tratados de derechos humanos firmados por Australia.