Internacional
Publicado el jueves, 3 de julio del 2025 a las 17:31
Washington, D.C. – El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido este jueves que el Gobierno del presidente Donald Trump continúe con la deportación a Sudán del Sur de ocho inmigrantes, entre los que se encuentran dos cubanos y un mexicano. Estos individuos han permanecido más de un mes bajo custodia en una base militar en Yibuti debido a una orden judicial previa que frenaba su expulsión.
La decisión de la máxima corte anula una moción emitida por un juez federal que mantenía detenida la deportación de estos migrantes, a pesar de que el propio Supremo había permitido a la Casa Blanca deportar a migrantes a terceros países.

El juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, había determinado en mayo pasado que la Administración Trump violó una orden que le impedía deportar a los ocho inmigrantes a un país donde podrían ser torturados sin la oportunidad de una defensa legal adecuada.
Debido al fallo del juez Murphy, los ocho migrantes y once agentes migratorios quedaron varados en una base aérea de Yibuti. Según los abogados del Gobierno, la situación presentaba peligros por la exposición a un posible ataque de Yemen y riesgos para la salud debido a condiciones “deplorables”.
Tras el fallo del Supremo que inicialmente permitía la deportación a terceros países, los defensores de los migrantes pidieron a Murphy que continuara deteniendo la deportación, pero esa orden fue revocada este jueves.
Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson discreparon de la decisión de la mayoría del Supremo.
“La orden de hoy solo aclara una cosa: los demás litigantes deben acatar las normas, pero el Gobierno tiene a la Corte Suprema a su disposición”, escribió Sotomayor.
De los ocho migrantes afectados por esta decisión, solo uno es originario de Sudán del Sur; el resto provienen de Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam.

La legislación estadounidense estipula claramente que el Gobierno no puede deportar a migrantes a terceros países en los que podrían ser sometidos a torturas o enfrentar un riesgo significativo para su vida.
Por su parte, el Departamento de Estado de EE. UU. ha clasificado a Sudán del Sur como un país peligroso debido al conflicto armado interno, recomendando a los ciudadanos estadounidenses no viajar allí e incluso retirando a principios de mayo a su personal no esencial del país.
Este caso de Sudán del Sur representa el más reciente choque entre el Gobierno y el poder judicial en EE. UU., en el marco de las medidas cada vez más agresivas implementadas para cumplir con la promesa del presidente Trump de llevar a cabo “deportaciones masivas”. Para acelerar estos procesos, Washington busca activamente acuerdos con otros países para que acepten a los migrantes expulsados de Estados Unidos.
Con información de EFE
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