Baja California.- Agentes de investigación estatales detuvieron a un directivo de Banca Afirme implicado en el caso de Next Energy, un proyecto de planta fotovoltaica impulsado en 2021 por el entonces Gobernador Jaime Bonilla y que no se realizó.

La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que en un operativo coordinado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Zona Mexicali se detuvo a Nabor Medina Garza, quien contaba con orden de aprehensión activa emitida por un juez de control.

Medina Garza y David Alejandro Rodríguez Jacobo son acusados de abuso tras participar en la retención indebida de 123 millones de pesos del erario de Baja California para el pago del proyecto de la planta fotovoltaica en la entidad.

En un video se observa al directivo despeinado, con barba crecida, y esposado, cuando es trasladado en la doble cabina de una camioneta Pick up de la Fiscalía, con un traje y camisa azules, y que al descender del vehículo trata de ocultar su rostro con su saco.

“La captura se realizó a las 10:30 horas en la intersección de Calzada Independencia y Calle de la República, resultado del seguimiento a información recabada en campo y gabinete por los agentes de investigación”, aseguró la Fiscalía.

El 15 de junio de 2021, Bonilla simuló la colocación de la primera piedra de una central eléctrica en Mexicali, la cual supuestamente dotaría de energía al Acueducto Río Colorado-Tijuana y a las oficinas del Gobierno del Estado durante 30 años.

En ese entonces, Bonilla presumió un ahorro por 3 mil 700 millones de pesos, pese a que no contaba con el aval del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ni la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En agosto de 2023, la Fiscalía estatal ofreció una recompensa de hasta un millón de pesos por información que llevara a la localización de Rodríguez Jacobo y Medina Garza, ejecutivos de Banca Afirme, presuntos responsables del delito de abuso de confianza.

Por este caso, hay siete ex servidores públicos de la Administración de Bonilla vinculados a proceso penal, que inició el 14 de diciembre de 2022, pues el supuesto proyecto ponía en riesgo 6 mil millones de pesos del estado.