Chihuahua.- El Fiscal del Estado, César Jauregui, reveló que se han atendido a más de 700 familias que reclaman conocer si sus parientes muertos se encontraban en el crematorio Plenitud, por la expectativa que ha levantado la noticia.

A pesar de que la cifra final podría ser de 386 los cuerpos que se encontraban apilados en las ruinosas y sucias instalaciones del negocio, el número de posibles afectados se duplicó pues la gente que perdió a alguien quiere saber si las cenizas que les entregaron en las funerarias involucradas corresponden a las de sus familiares muertos.

Mientras tanto, los trabajos de identificación han sido lentos, ya que a pesar de que algunos cuerpos tenían en sus manos o pies una cinta con sus nombres como las que ponen en los hospitales, todavía hay que verificar los datos.

Así con este paso, apenas esté fin de semana será entregado el primer cuerpo a sus familiares, identificado como Gabriel Ruiz Arango, quien tenía 60 años y murió hace un par de meses.

El sobrino de esta persona, Pedro Ruíz, acudió a la fiscalía con los documentos funerarios y con la urna que contendrían las cenizas, las cuales eran una mezcla de cal, arena y piedras.

Ahora, de nueva cuenta tendrán que realizar un servicio de honras y despedida, para cremarlo ahora si de verdad.

El cuerpo de Gabriel Ruiz Arango fue localizado en el interior de una carroza negra abandonada hace años, bajo basura y muebles de oficina.

Cuerpos fueron acumulados desde 2023

La investigación de la Fiscalía encontró que el crematorio Plenitud venía acumulando cuerpos desde el mes de abril de 2023 en que Coespris realizó una revisión cuando aún era propietario el antiguo dueño y no se encontraron irregularidades.

El propietario murió días después, y desde entonces no se habían hecho revisiones por Coespris, salvo por el ayuntamiento, quien declaró que no tenía permiso para operar.

No hay delito en crematorio Plenitud

El sábado en que se reveló la información del crematorio, con una primera versión de 60 cuerpos apilados, el Fiscal de la zona norte, Carlos Manuel Salas, aseguró que no había un delito y que sola se trataba de acumulación de trabajo.

El mismo argumento fue presentado por los defensores del dueño del crematorio, quienes dijeron al juez que no existía un delito de acuerdo con el código penal del estado y que se trataba solo de una falta administrativa.