Ciudad de México.- La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada recientemente por el Senado de la República, propuso nuevas normas para la venta de celulares.

La nueva ley obligará a todas las empresas de telefonía celular a entregar desbloqueados los teléfonos para que puedan funcionar con cualquier proveedor de servicios móviles, sin importar que no sea de la misma compañía en la que se compró el equipo.

Sin embargo, tras discutir la propuesta inicial de la ley, el Senado aprobó una modificación que incluyó ciertos mecanismos para proteger el mercado y ofrecer mecanismos que garanticen que el usuario no desaparecerá sin pagar por el equipo.

El desbloqueo beneficia a los consumidores porque proporciona mayor libertad y flexibilidad al permitir conservar su teléfono móvil y trasladarlo a un proveedor que ofrezca un plan a mejor precio o una cobertura más amplia.

Aunque la ley como estaba redactada parecía beneficiar a los consumidores, la primera versión de esta legislación obligaba a los operadores a entregar desbloqueados los equipos y sin especificar las obligaciones a las que debería someterse también el cliente.

De aprobarse la primera versión de la ley empresas como AT&T, Telcel, Movistar y los operadores móviles virtuales tendrían menos incentivos para financiar teléfonos y ofrecer créditos para los consumidores, por el riesgo de que se fueran sin pagar por el equipo.

Esto hubiera provocado un desequilibrio en el mercado de los teléfonos celulares, además de reducir las oportunidades para adquirir un teléfono móvil.

Además, la ley tenía el potencial de beneficiar a las cadenas minoristas y tiendas departamentales, al otorgarles una mayor participación en el mercado, lo que hubiera reducido la competencia que representan los operadores móviles, contribuyendo a elevar los precios.

¿Qué se modificó?

El senador morenista Ricardo Sheffield Padilla, extitular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presentó una reserva para actualizar los artículos 185 y 273 de la primera versión de la ley.

La reserva aprobada establece que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones regule los costos de los celulares por parte de proveedores. Esta comisión “emitirá los lineamientos que establezcan los términos en que los concesionarios y, en su caso, autorizados”, cumplirán con la obligación de entregar los celulares desbloqueados.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones se creó con la nueva ley y será un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital, integrado por cinco comisionados nombrados en forma escalonada por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado.

Ricardo Sheffield explicó que, de aprobarse la ley en los términos antes dispuestos, las personas iban a quedarse sin opciones para renovar su equipo de telefonía móvil, y se tendrían que comprar más caros o de contado.

“ Y los únicos que iban a hacer un gran negocio son las tiendas como los Coppel, Elektra, Sanborns, Sears (…) que son los otros principales distribuidores de equipo y su negocio es vender el equipo, no el servicio”, enfatizó el senador, de acuerdo con El Economista.

“ Al aprobarse la ley así, les iban a dar una ventaja competitiva a unos; se iba a generar un desequilibrio en el mercado, en favor de las cadenas de ventas al menudeo”, dijo el extitular de la Profeco.

En México, cada año se comercializan hasta 30 millones de celulares en el país, lo que se traduce en un negocio con valor de 6 mil 500 millones de dólares, de acuerdo con El Economista. Es el tercer mercado más grande de América en cuánto a venta de celulares, solo superado por Estados Unidos y Brasil.

Por otra parte, la segunda reserva en aprobarse fue presentada por el senador Javier Corral Jurado, también de Morena. Esta reserva se refiere a la ordenanza de la suspensión precautoria de transmisiones que se encuentren previstas en la ley, y establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones contará con recursos financieros en el fideicomiso de infraestructura para el pago de indemnizaciones y finiquitos.

Al respecto, la nueva normativa establece que las líneas de telefonía móvil deberán estar asociadas a un usuario final y que los servicios de telecomunicación móvil sólo podrán ser otorgados a personas que presenten su Clave Única de Registro de Población (CURP).