Buenos Aires.- El gobierno del presidente ultraderechista, Javier Milei, continúa en una desesperada carrera cerrando organismos estatales claves para el país y la soberanía, antes de que se le terminen la facultades delegadas por la llamada Ley de Bases, en momentos en que se produce una rebelión de opositores en el ambas cámaras del Congreso.

Esto coincide con el anuncio de la unidad del Partido Justicialista y además el Ejecutivo enfrenta una campaña internacional por la detención y proscripción ilegal de la ex mandataria, Cristina Fernández de Kirchner y por la ola de detenciones y allanamientos contra militantes peronistas en los últimos días.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró que el peronismo haya decidido formar un frente para las elecciones legislativas del septiembre.

“ Sabemos que dentro del peronismo existen miradas distintas sobre la experiencia fallida del Gobierno Nacional del Frente de Todos (2019, 2023) y sobre el camino a seguir para reparar aquella decepción. Esos debates continuarán: son inevitables y necesarios. Sin embargo, hoy existe una urgencia que supera cualquier diferencia o disputa: en cada caminata, en cada recorrido, en cada plenario, militantes, trabajadores y vecinos nos piden lo mismo a los dirigentes: vayan juntos”, escribió en Kicillof su redes sociales.

Advirtió que “la motosierra se está volviendo cada vez más despiadada y el autoritarismo de Milei dejó de ser solo un discurso para convertirse en una durísima realidad. La lista es larga y oscura: persecución de militantes, salvaje represión en las protestas, acoso sobre quienes critican, demonización de periodistas, condena a Cristina Fernández de Kirchner, ataque permanente desde el Estado a las mujeres y a las disidencias”

Aseveró que el plan económico del gobierno “agudiza la desigualdad, multiplica las privaciones, aumenta el desempleo y castiga los pilares de nuestra provincia: la producción y el trabajo. Un gobierno nacional que deserta de sus obligaciones, un presidente que avanza en el desenfreno autoritario, la economía parada y la plata no alcanza. Esas son las circunstancias que debemos enfrentar”.

Hay una alerta ahora porque los gobernadores provinciales, algunos de los cuales habían sido manejables para el gobierno, no han tenido ni siquiera la mínima respuesta a sus necesidades y el reparto de la coparticipación obligada no se ha cumplido. Los gobernadores presionan por fondos y la escalada del dólar genera temor por el impacto inflacionario. La oferta gubernamental es totalmente inaceptable para los gobernadores.

El Ejecutivo señaló que no hay ni habrá recursos disponibles, ya que su objetivo sigue siendo el equilibrio fiscal. De esta manera el gobierno de la Libertad Avanza logró unir a los gobernadores de todos los sectores y después de las legislativas el oficialismo no podrá imponerse y quedará muy lejos de la mayoría necesaria.

De acuerdo al diario de centro Perfil, el gobierno de Milei se propone presentar este lunes o martes un decreto para derogar más de 40 leyes que considera “inútiles”.

Más aún, la oposición parlamentaria se ha unido en torno a temas como el financiamiento universitario y la emergencia del Hospital Garrahan, que el gobierno se obstina en golpear día por día.

La situación social ha llevado a miles de familias a las calles, como se ve en el centro de esta ciudad y se denuncia en todo el país. En tanto, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, dio a conocer la dramática situación que viven millones de jubilados. “El deterioro del ingreso del jubilado lo coloca en una situación crítica. Estamos pidiendo la emergencia alimentaria y sanitaria para las personas mayores”, dijo y subrayó que el Estado tiene que garantizar comida, medicamentos y techo. “Ya no se trata solo de ingresos, sino de supervivencia”, sentenció, y al concluir que los jubilados “no sólo sufren, se mueren así. El país no puede seguir dándole la espalda a sus mayores”.

Por otra parte, más de cien referentes de organismos de derechos humanos, comisiones por la memoria, sindicales, de universidades, entre otros lanzaron un frente de trabajo colectivo para pedir la libertad de Fernández de Kirchner durante una reunión realizada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, decidiendo un plan de acción para demostrar la inocencia de la ex mandataria. También se demanda el cese de la persecución política cuando la jueza Sandra Arroyo Salgado imputó delitos federales a cinco acusadas de realizar un escrache al diputado nacional José Luis Espert y ordenó detenciones en una prisión de máxima seguridad sin prueba alguna.

Información de La Jornada.