Ciudad de México.– Estos días, Juanita reza cada vez que sale de la entrada de su modesta casa rural.

La madre de 41 años, quien cruzó a Estados Unidos desde México hace más de dos décadas y se casó con un carpintero estadounidense, teme que agentes federales estén tras ella.

Cuando estaba por ir a la farmacia a finales del mes pasado, su esposo la llamó con una advertencia desesperada: agentes de inmigración abarrotaban el estacionamiento de la tienda. Juanita, quien es prediabética, no pudo surtir los medicamentos que tratan sus deficiencias nutricionales. Tampoco podía arriesgarse a ser detenida porque tiene que cuidar a su hija de 17 años, quien tiene síndrome de Down.

“Si me atrapan, ¿quién va a ayudar a mi hija?”, pregunta Juanita en español mediante un intérprete. Algunas personas citadas en este artículo insistieron en que The Associated Press publicara sólo sus nombres de pila debido a la preocupación por su estatus migratorio.

A medida que el gobierno de Trump intensifica la actividad de deportaciones en todo el país, algunos inmigrantes —incluidos muchos que han vivido en el extremo sur de Texas durante décadas— se resisten a salir de sus casas, ni siquiera para recibir la atención médica que necesitan.

Apartadas detrás de las plazas comerciales, las taquerías de carretera y los vastos huertos de cítricos que se extienden a lo largo de 256 kilómetros (160 millas) de Rio Grande Valley, se encuentran personas como Juanita, quienes necesitan atención médica crítica en una de las regiones más pobres e insalubres del país. Durante generaciones, familias mexicanas se han asentado armoniosamente —algunas de manera legal, otras no— en esta comunidad predominantemente latina, donde el estatus migratorio no solía estar en mente.

Una “situación muy peligrosa”

Funcionarios de la Casa Blanca han ordenado a los agentes federales que no dejen ningún lugar sin revisar —incluidos hospitales e iglesias— en su esfuerzo por expulsar a 1 millón de inmigrantes para finales de año. Esos agentes también revisan las bases de datos de registros médicos más grandes del gobierno federal para buscar inmigrantes que puedan estar en Estados Unidos sin autorización legal.

Las deportaciones y las restricciones más estrictas tendrán consecuencias, dice Mark Krikorian, director del Center for Immigration Studies, un grupo de expertos que apoya políticas migratorias restrictivas.

“No debimos haber dejado que se nos fuera de las manos”, enunció Krikorian. “Algunos negocios tendrán dificultades. Algunas comunidades enfrentarán dificultades.”

Las redadas de los agentes federales comenzaron a profundizar en la vida cotidiana de Rio Grande Valley en junio, justo cuando los 1,4 millones de habitantes de la zona comenzaban su ritual veraniego de soportar el calor sofocante.

Esta zona de clase trabajadora de Texas apoyó firmemente a Trump en las elecciones de 2024, a pesar de las promesas de campaña de implementar sin piedad deportaciones masivas. Las personas de aquí, que antes viajaban regularmente de Estados Unidos a México para visitar a sus familiares o recibir atención dental económica, dicen que no se percataron de que su campaña de deportación se centraría en sus vecinos.

Pero en las últimas semanas, empleados de restaurantes han sido escoltados a mitad de turno y los agricultores han perdido repentinamente a sus trabajadores agrícolas. Los niños en edad escolar hablan abiertamente de amigos que perdieron a un padre en las redadas. Más de una docena fueron arrestados el mes pasado en mercados de segunda mano, según informes de prensa locales y funcionarios de la Patrulla Fronteriza.

Los inmigrantes permanecen encerrados en sus casas móviles y casas rústicas que conforman las “colonias” —barrios sin zonificación, que a veces no tienen acceso a agua corriente ni electricidad, dice Sandra de la Cruz-Yarrison, quien dirige la clínica Holy Family Services, Inc. en Weslaco, Texas.

“La gente no se va a arriesgar”, señala De la Cruz-Yarrison. “Están siendo separados de sus familias.”

Una región con necesidades médicas urgentes

No obstante, la gente de la zona se encuentra entre quienes tienen mayores necesidades médicas del país.

• Casi la mitad de la población es obesa.
• Las mujeres tienen mayor probabilidad de ser diagnosticadas con cáncer de cuello uterino.
• Las personas mayores tienen mayor probabilidad de desarrollar demencia.
• Los cánceres de vejiga pueden ser más agresivos.
• Una de cada cuatro personas vive con diabetes.

Hasta un tercio de la población no cuenta con seguro médico, y una cuarta parte vive en la pobreza, más del doble del promedio nacional.

Ahora, muchas personas están en riesgo de que su salud empeore porque no acuden a citas médicas por miedo, dice el médico Stanley Fisch, pediatra que ayudó a inaugurar el Hospital Infantil Driscoll.

“Esta es una situación muy peligrosa para la gente. La población está sufriendo como consecuencia”, añade Fisch.

La inquietud por acudir a las clínicas se extiende

Elvia, prediabética, fue la paciente que se sentó al control mensual de glucosa. El monitor marcó 194. Pero se negó a anotar su dirección o inscribirse a Medicaid, temiendo que afecte a familiares sin estatus legal.

Elizabeth Reta, coordinadora de facturación, relata que menos personas con cobertura están acudiendo a la clínica. Incluso padres de niños nacidos en EE.UU. han dejado de inscribirlos en el seguro.

Su preocupación está bien fundada

Una investigación de la AP reveló que el ICE ha tenido acceso a datos personales de salud, incluidas direcciones, de los 79 millones de afiliados a Medicaid y CHIP. Esto permitirá identificar y localizar inmigrantes.

En Texas, el gobernador exige a personal de urgencias preguntar estatus migratorio. Según médicos, esto disuadirá a los inmigrantes de buscar atención.

Las visitas de la clínica móvil se han detenido desde que Trump asumió el cargo.

“La gente simplemente dejó de venir después del cambio de gobierno”, dice De la Cruz-Yarrison.

Una madre casi pierde a su hijo. Una hija teme ir al médico

Los inmigrantes fueron menos propensos a buscar atención médica durante el primer mandato de Trump, según estudios.

Uno de 2023 muestra que hubo una disminución del 5% en visitas de control infantil en ciudades como Boston, Minneapolis y Little Rock.

María Isabel de Pérez, de 82 años, cuenta que su hijo casi muere por un apéndice reventado. Esperó semanas con dolor por miedo a ser detenido fuera del hospital.

“No pudo ir hasta que se le reventó el apéndice”, dice.

María, otra madre, ahora sólo sale para hacer voluntariado. Su hija de 16 años no ha renovado su medicación para la depresión. La adolescente insiste en que está bien, pero no sale por miedo.

“No somos malas personas”, dice María. “Sólo queremos un futuro mejor para nuestros hijos”.

Juanita, la madre que no ha surtido sus recetas, no sabe cuándo podrá ir a la farmacia. Pero con una cruz colgada al cuello, dice que rezará tres invocaciones antes de hacerlo.

“Siempre rezamos antes de salir”, concluye su hijo José, de 15 años.