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Gobierno de Trump busca desmantelar ayudas a estudiantes indocumentados en Universidades

  Por EFE

Publicado el martes, 22 de julio del 2025 a las 20:34


Gobierno de Trump avanza plan para eliminar ayudas a estudiantes indocumentados en universidades de EE.UU. Ya hay victoria en Texas

Los Ángeles, EE.UU. – El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, está avanzando en un plan nacional para desmantelar las ayudas a estudiantes indocumentados en las universidades. Defensores de la educación advirtieron este martes que esta campaña “más amplia” pone en peligro los derechos y la seguridad de todo el alumnado y los profesores.

Representantes de la Asociación Nacional de Educación (NEA), la Asociación de Maestros del Estado de Texas, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y United We Dream criticaron en una conferencia de prensa la avanzada legal del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ). El DOJ busca reducir las ayudas estatales en al menos tres estados, a pesar de que estas fueron aprobadas con apoyos bipartidistas.

” Son parte de un ataque coordinado más amplio destinado a socavar la educación pública como un bien común”, valoró Gladys Fátima Márquez, miembro del Comité Ejecutivo de NEA. La doctora en educación de Illinois opinó que la Casa Blanca avanza con una campaña diseñada para “controlar lo que creen” los estudiantes y manipular la realidad.

Específicamente, los defensores de la educación se refieren a las acciones legales que el DOJ ha presentado impugnando las ayudas estatales para estudiantes indocumentados en estados como Texas, Kentucky y Minnesota.

Fin de 24 Años de una Ley Bipartidista en Texas

El Gobierno Trump ya obtuvo una victoria en Texas el mes pasado, cuando un juez federal revocó temporalmente la Ley Estatal Dream. Este programa, establecido en 2001 con apoyo bipartidista, permitía a ciertos jóvenes indocumentados graduados de secundaria en Texas pagar la misma matrícula universitaria que los residentes legales.

En una demanda, el DOJ alegó que el estado estaba “discriminando de manera inconstitucional” a los ciudadanos estadounidenses en “beneficio” de los extranjeros. Se estima que unos 73,000 estudiantes de las universidades públicas de Texas se verán afectados por la derogación de esta ley.

Críticas y Proyecciones Nacionales

Rory, una estudiante de psicología afectada que no quiso revelar su apellido, expresó en la conferencia de prensa: “El Departamento de Justicia de EE.UU. considera que estudiantes como yo no merecen oportunidades, no son aptos para liderar ni vivir el sueño americano”.

Educadores y estudiantes criticaron la anuencia del gobernador de Texas, Greg Abbott, y del fiscal de Texas, Ken Paxton, ambos republicanos, con el plan de la Casa Blanca, al no defender la ley ante la corte.

Valeria Alvarado, abogada de la ACLU de Texas, declaró que la decisión del Gobierno de Texas de acordar con el DOJ el fin de la ley se hizo sin consultar a estudiantes, miembros de la comunidad y universidades sobre cómo afectará la derogación a la educación superior en Texas.

” Lo sucedido aquí claramente (…) es una falta de respeto al sistema legislativo que tenemos en Texas”, indicó la abogada.

Basado en el éxito obtenido en Texas, el DOJ ya ha impugnado otras dos leyes estatales en Kentucky y Minnesota que favorecen a estudiantes indocumentados con matrículas reducidas.

La fiscal general Pamela Bondi declaró sobre la demanda en Kentucky:

” Ningún estado puede permitir que trate a los estadounidenses como ciudadanos de segunda clase en su propio país ofreciendo beneficios financieros a los inmigrantes indocumentados”. Se prevé una nueva victoria para el Gobierno Trump en Kentucky.

Sin embargo, el panorama es diferente en Minnesota, donde se espera una fuerte defensa del programa por parte del gobernador Tim Walz, un crítico vehemente de la segunda administración del presidente Trump. Otros estados como California e Illinois también cuentan con ayudas específicas para estudiantes indocumentados.

Los educadores también advirtieron sobre el aumento del riesgo de militarización de las entidades educativas bajo esta administración. Finalmente, se hizo un llamado al sector privado en Texas para brindar apoyo económico a los estudiantes afectados por la derogación de la ley mientras se libra una batalla legal en una corte federal para revertir la impugnación.

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