Washington, EE. UU. — El gobierno de Estados Unidos está pagando a más de 150,000 funcionarios para que no regresen a sus puestos de trabajo, como parte de un programa de renuncia en diferido ordenado por la Casa Blanca tras la llegada del presidente Donald Trump. Este plan tiene como objetivo reducir costos.

Según una portavoz de la Oficina de Administración de Personal, hasta 154,000 trabajadores se adhirieron al plan, que les permite retrasar sus despidos hasta el 30 de septiembre o el 31 de diciembre de 2025.

Aunque la cifra es alta, representa poco más del 6% de los 2.3 millones de funcionarios de la administración estadounidense, informó este jueves el New York Times.

En enero pasado, la administración había propuesto ofrecer indemnizaciones a más de dos millones de trabajadores federales para que renunciaran. Sin embargo, la medida fue duramente criticada por los sindicatos, que advirtieron que desataría un caos operativo.

Desde entonces, el presidente Trump ha ordenado despidos masivos con la intención de reducir lo que él considera una “burocracia inflada”. Como parte de esta iniciativa, el Departamento de Estado anunció el despido de más de 1,300 empleados en Estados Unidos y el extranjero el pasado 11 de julio.

Senadores del Partido Demócrata han denunciado en un informe que el gobierno ha gastado miles de millones de dólares en pagar a los trabajadores que se encuentran de baja debido a las “renuncias en diferido” o a los litigios por sus despidos.

Además, argumentaron que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por el multimillonario Elon Musk, despilfarró 21,700 millones de dólares, en lugar de reducir el gasto como se había prometido.