Ciudad de México.- En una grave denuncia pública, colectivos feministas y legisladores del partido Morena advirtieron que jueces y magistrados de la Ciudad de México y del ámbito federal están liberando en las últimas semanas a agresores de mujeres, pese a que estaban siendo procesados o ya contaban con sentencias por violencia de género.

Durante una conferencia en el Senado de la República, activistas del Colectivo Ley Camila y Madres Libertarias, acompañadas por el senador Emanuel Reyes y el diputado José Narro Céspedes, expresaron su indignación ante lo que consideran una regresión alarmante en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Según los testimonios, al menos diez casos recientes en la capital del país reflejan una tendencia creciente: sentencias reducidas o liberaciones anticipadas de hombres acusados de intento de feminicidio, agresiones físicas, violencia económica y psicológica, entre otros delitos.

“Estamos viendo cómo se deja libres a hombres que han intentado matar a sus parejas, que las han golpeado o atropellado, incluso sin cumplir la totalidad de sus condenas”, denunció el diputado Narro Céspedes.

Una de las voces más fuertes fue la de Karla García, víctima de violencia vicaria, quien relató cómo su agresor —condenado a nueve años— fue liberado recientemente. “Mi vida y la de mi hijo de siete años están en riesgo real. El Estado me ha fallado”, declaró entre lágrimas.

Las activistas aseguran que algunas organizaciones legales habrían facilitado estas liberaciones, aprovechando el cambio inminente en el Poder Judicial, lo que consideran una maniobra para blindar a agresores antes del relevo de jueces.

Los colectivos exigieron que se revise cada caso con perspectiva de género, y solicitaron a las autoridades que intervengan de forma urgente para evitar más tragedias y garantizar la seguridad de las víctimas.

“
Pedimos que las personas juzgadoras actúen con responsabilidad. No se puede permitir que quienes han violentado a mujeres regresen a las calles sin consecuencias”, señalaron.

Las denuncias ya circulan en instancias locales e internacionales, mientras víctimas y defensores advierten que este patrón podría incrementar los riesgos para cientos de mujeres en situación de vulnerabilidad.