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Denuncian tortura en megaprisión de Bukele a migrantes deportados por EE. UU.

  Por La Jornada

Publicado el viernes, 1 de agosto del 2025 a las 19:40


Las condiciones inhumanas y el trato recibido podrían violar las convenciones de la ONU contra la tortura, según expertos

San Salvador, El Salvador — El presidente Nayib Bukele, popular por su política de “mano dura” contra las pandillas, enfrenta graves acusaciones de tortura y abusos en su megaprisión, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), contra un grupo de 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos.

Una investigación del diario The Washington Post recoge los testimonios de 16 exdetenidos que denuncian haber sido víctimas de palizas, agresiones sexuales y condiciones inhumanas durante los cuatro meses que permanecieron encarcelados.

Los migrantes, que en muchos casos tenían estatus legal en EE. UU. o habían solicitado asilo, fueron deportados y encarcelados bajo la acusación de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua, una afirmación que ellos niegan.

Los testimonios detallan un régimen de castigo extremo en el CECOT, con celdas sin ventilación, luz artificial permanente, falta de privacidad y atención médica. Varios de los entrevistados reportaron haber sido golpeados hasta la inconsciencia o agredidos sexualmente.

Las condiciones inhumanas y el trato recibido podrían violar las convenciones de la ONU contra la tortura, según expertos.

La situación se agravó tras un intento de rebelión, donde los detenidos realizaron una huelga de hambre y se autolesionaron. La respuesta de los guardias, según los exdetenidos, fue una brutal represión con balas de goma y golpizas masivas, especialmente en una zona de castigo conocida como “La Isla”.

La administración de Donald Trump destinó $6 millones de dólares para que El Salvador retuviera a estos migrantes. Aunque la Casa Blanca agradeció públicamente la colaboración de Bukele, evadió responder a las denuncias de abusos, refiriendo la responsabilidad al gobierno salvadoreño.

Abogados y expertos en derechos humanos sugieren que, de confirmarse, los hechos podrían acarrear responsabilidades internacionales para ambos países y constituir crímenes de lesa humanidad.

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