Washington, Estados Unidos.– El gobierno del presidente Donald Trump evalúa qué hacer con un lote de anticonceptivos almacenados en Bélgica, que podrían ser destruidos pese a estar destinados a mujeres en situación de vulnerabilidad alrededor del mundo. Activistas y dos senadoras estadounidenses han alzado la voz para frenar su incineración.

Los suministros de planificación familiar, valorados en más de nueve millones de dólares y financiados con recursos de los contribuyentes de Estados Unidos, se encuentran en una bodega en Geel, al norte de Bélgica. Ahí están resguardadas píldoras, implantes subdérmicos y dispositivos intrauterinos (DIU) destinados a mujeres en zonas de guerra, campos de refugiados y regiones donde el acceso a servicios de salud reproductiva es limitado.

El Departamento de Estado confirmó que aún no se ha tomado una decisión final sobre el destino de los insumos. “Seguimos en el proceso de determinar el camino a seguir”, dijo Tommy Pigott, portavoz adjunto.

La preocupación se intensificó luego de que surgieran reportes sobre la posible incineración del material en Francia, lo cual fue calificado como un desperdicio por organizaciones civiles y legisladores tanto en Europa como en Estados Unidos.

En una carta dirigida al secretario de Estado Marco Rubio, las senadoras Jeanne Shaheen (demócrata) y Lisa Murkowski (republicana) advirtieron que la destrucción de los anticonceptivos significaría abdicar el liderazgo global de Estados Unidos en la lucha contra embarazos no deseados, abortos inseguros y muertes maternas.

Desde Bruselas, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica, Florinda Baleci, confirmó que su país ha sostenido conversaciones diplomáticas para salvar los suministros, aunque no ofreció detalles para no influir en el resultado de las negociaciones.

En tanto, el portavoz de la Comisión Europea, Guillaume Mercier, señaló que el bloque regional vigila de cerca la situación y está en busca de soluciones.

Por su parte, organizaciones como MSI Reproductive Choices y Médicos Sin Fronteras han ofrecido absorber los costos de reempaque y distribución del material, aunque sus propuestas fueron rechazadas. Para Médicos Sin Fronteras, la incineración representaría “un acto intencionalmente imprudente y dañino contra mujeres y niñas en todas partes”.

El incierto destino de los suministros coincide con el desmantelamiento de USAID, la agencia responsable de gestionar estos programas, lo que ha dejado un vacío administrativo y político que, de no resolverse, podría terminar en la pérdida total del material.