Ciudad de México. — Ante un aumento del 57% en la incidencia de la extorsión en los últimos seis años, la Cámara de Diputados busca crear una Ley General contra la extorsión. El objetivo es homologar el delito, sus agravantes y sanciones a nivel nacional para combatirlo de manera más efectiva.

El dictamen, aprobado por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales, reconoce que el modus operandi de la delincuencia organizada “supera contundentemente la norma”.

La propuesta, que se perfila para ser aprobada en septiembre, busca unificar la tipificación del delito y sus sanciones, ya que actualmente no existe una política criminal unificada en el país.

El proyecto reconoce que la extorsión es un “delito de alto impacto” que afecta el patrimonio personal y la economía nacional, al ser utilizado por el crimen organizado para obtener ingresos.

Cifras alarmantes y nuevas modalidades

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2022 a 2024 se han registrado más de 10,000 víctimas de extorsión anualmente. Un dato alarmante del dictamen es que, en el 67% de los casos, la víctima cede y entrega lo solicitado por los extorsionadores.

Además, el delito no solo afecta a individuos, sino también a empresas, con una prevalencia de 1,562 casos por cada 10,000 unidades económicas en 2023.

La iniciativa también contempla las diversas modalidades de extorsión, desde la directa, cuando el agresor se presenta en persona, hasta la indirecta, que se realiza a través de llamadas, redes sociales o intermediarios.

Los pagos pueden ser en efectivo, bienes, servicios e incluso “pagos sexuales que afectan directamente a mujeres”, según detalla el documento.

La nueva legislación, que deberá ser adoptada por los estados en un plazo máximo de seis meses tras su promulgación, incluirá mecanismos de prevención, investigación y atención para las víctimas.