POR: PAOLA ROJAS

Los matrimonios infantiles siguen siendo un tema preocupante en México. Pasan los años y las niñas siguen siendo obligadas a casarse en buena parte de las comunidades indígenas. Hace una década, una de cada cuatro se casaban en esta circunstancia; actualmente ocurre a una de cada cinco.

El avance es tan lento como doloroso. Estas uniones exponen a las menores a violencia, abandono escolar y embarazos adolescentes. Es un atropello que les roba su niñez y las obliga a asumir responsabilidades para las que no están listas. Lamentablemente, suele impedir no sólo su desarrollo emocional sano, también las atrapa en el círculo de la pobreza, la ignorancia y la falta de acceso a la salud.

El matrimonio infantil se impone desde los usos y costumbres. Con frecuencia, estas niñas son separadas de su familia y aisladas de todo su entorno. Con el pretexto de preservar la tradición, se perpetua este abuso que es resultado de una muy arraigada desigualdad de género.

Al machismo ancestral, hay que agregar la terrible desigualdad económica que hay en México. Muchas veces es la pobreza la que orilla a las familias a entregar a su hija para obtener un ingreso.

A todo esto, hay que sumar los nuevos retos en el contexto de violencia creciente que el crimen organizado ha generado en nuestro país. El reclutamiento forzado genera miedo y situaciones de desplazamiento. La inseguridad puede empujar a las niñas y adolescentes a buscar o aceptar protección a través del matrimonio.

Según la ONU, México es el octavo país con más altos índices de matrimonios infantiles en el mundo. Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los estados con más mujeres indígenas casadas o unidas antes de los 18 años.

Es un aspecto en el que resulta particularmente complejo que logren convivir armoniosamente las distintas visiones del mundo contemporáneo. Sin embargo, el respeto a las tradiciones de las comunidades originarias no puede estar por encima de los derechos humanos.

En algunas semanas Hugo Aguilar Ortiz. llegará a presidir la Suprema Corte de Justicia. El maestro en Derecho no sólo tiene raíces indígenas, también ha trabajado buena parte de su vida a favor de los pueblos originarios. Su postura ante estos casos será crucial en el destino de miles de niñas y adolescentes cuyo futuro no debiera ser el de la explotación.