Guadalajara, Jalisco.- Colectivos de la diversidad sexual, legisladoras y el gobierno municipal de Zapotlán El Grande demandaron justicia por el homicidio de Katia Daniela Medina Rafael, reconocida defensora de los derechos de las personas trans y directora del Colectivo Trans Zapotlán.

El cuerpo de la activista fue localizado el 9 de agosto en la carretera Libre Sayula–Ciudad Guzmán, a la altura del crucero La Catarina, con huellas visibles de violencia. Personal forense realiza estudios para determinar la causa de muerte.

La Fiscalía de Jalisco informó que la investigación está bajo la Vicefiscalía en Investigación Regional, siguiendo el Protocolo Nacional para casos relacionados con orientación sexual o identidad de género. Hasta ahora no hay personas detenidas.

La alcaldesa Magali Casillas Contreras lamentó el crimen, lo calificó como feminicidio y criticó a medios que se refirieron a Katia con expresiones discriminatorias. Pidió a la prensa usar su nombre e identidad correctos y evitar la revictimización.

Colectivos como Unión Diversa de Jalisco y la Marcha del Orgullo GDL condenaron el transfeminicidio y denunciaron el uso de lenguaje ofensivo en la cobertura mediática. Anunciaron una queja ante Conapred contra el medio “Reporte Sur Jalisco” y exigieron capacitación en diversidad sexual.

En respuesta, la diputada Montserrat Pérez Cisneros presentó la iniciativa “Ley Jonathan Santos y Paola Buenrostro” para tipificar en Jalisco los delitos de crimen de odio y transfeminicidio, con penas de hasta 70 años de prisión. La propuesta busca garantizar un enfoque diferenciado en las investigaciones y erradicar la impunidad.

Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, en Jalisco se han registrado 30 asesinatos de odio contra personas LGBT desde 2014, ubicando al estado entre los más peligrosos para la población trans en México.