Ciudad de México.- La fórmula que emplea el Gobierno federal para determinar el precio máximo del gas LP pone en riesgo la viabilidad de las empresas, las inversiones y el empleo del sector, pues están operando con pérdidas, aseguraron expertos.

Adrián Calcaneo, vicepresidente de Energía y Materias Primas en Chemical Market Analytics de OPIS, una empresa de Dow Jones, explicó que en la Administración anterior se trabajó una metodología que tomaba en cuenta el precio internacional del propano, un insumo básico para elaborar el gas LP.

Esto provocó movilizaciones y paros de distribuidores, pero se alcanzó un punto donde los márgenes de operación fueron viables para las empresas.

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Pero cuando llegó esta Administración le metió mano a la fórmula e introdujo un factor que la hizo inútil para seguir las tendencias internacionales. “Entonces, se estableció un precio políticamente favorable, pero que no es adecuado con la realidad, no estamos hablando de ganancias, sino de un margen operativo que permita cubrir costos logísticos, de ruta, mantenimiento de cilindros, precios internacionales (de propano). Es una cuestión arbitraria”, añadió Calcaneo.

Un reporte publicado en junio de Fabricio Duarte, director de la Asociación Iberoamericana de Gas Líquido de Petróleo (AIGLP), señala desde marzo cerraron cerca de 40 plantas, especialmente en Jalisco, Veracruz, Puebla y Tamaulipas, por falta de viabilidad operativa. 

Esto ha implicado la pérdida directa de miles de empleos y ha afectado a más de 135 empresas, que representan 90% de la distribución formal de gas LP en el país.

Según Duarte, las plantas sólo reciben alrededor de 2.68 pesos por litro, cuando se necesitarían 4.25 pesos para mantener la operación.

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Las empresas están operando con pérdidas porque el costo es mayor que los ingresos, lo que lleva a algunas a estar al borde de la quiebra. Se están reduciendo rutas de distribución, sobre todo aquellas que dejan de ser rentables de una semana a otra y que dificultan la planeación. “Están despidiendo empleados, como conductores, distribuidores y repartidores, dejan camiones sin usar y reducen la inversión en mantenimiento y nuevos cilindros”, dijo.

Afirmó que, desde finales de marzo, hay una mesa de diálogo con la Secretaría de Energía (Sener) para construir un modelo regulatorio que combine protección al consumidor con viabilidad operativa. 

Sin embargo,  hasta ahora no hay respuesta de las autoridades.