Miami.- LULAC, la más antigua organización hispana en EE.UU., instó este martes a The Home Depot a denegar el acceso a sus instalaciones a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), sin una orden judicial, después de que las autoridades realizaran decenas de redadas en sus proximidades ante la presencia habitual de jornaleros.

“Los jornaleros y sus familias no deben estar sujetos al temor de ser perseguidos en estacionamientos mientras buscan un trabajo honesto”, dijo en un comunicado el presidente de LULAC, Román Palomares.

“Home Depot es una empresa de la lista Fortune 500 que se beneficia de la misma mano de obra y comunidades que ahora están siendo atacadas. Con su tamaño, alcance e influencia, la empresa no puede alegar neutralidad; tiene la autoridad y la obligación de actuar con decisión. Permitir que ICE opere sin control en sus propiedades no es pasividad; es complicidad”, agregó.

La compañía de productos de construcción ha sido blanco habitual de redadas de las autoridades migratorias, dado que suelen acudir a sus alrededores decenas de jornaleros, muchos de ellos migrantes indocumentados, que buscan ser contratados para trabajos en la construcción o jardinería, entre otros.

Este tipo de redadas han sido especialmente frecuentes en Los Ángeles, donde han desatado el pánico entre los trabajadores, y han dado lugar a violentos enfrentamientos entre agentes y manifestantes que condenaron este tipo de actuaciones policiales.

La semana pasada Carlos Roberto Montoya, de 52 años y oriundo de Guatemala, murió atropellado en una autopista en la ciudad de Monrovia, condado de Los Ángeles, al tratar de huir de una redada migratoria en una tienda Home Depot.

Para poner fin a ello, Palomares pidió mantener una reunión con el director ejecutivo Ted Decker, de modo que analizen las políticas destinadas a proteger “a las comunidades vulnerables de las redadas”.

En este sentido, LULAC recordó que el equipo de béisbol de Los Ángeles Dodgers negó a ICE la entrada a las áreas de estacionamiento del Dodger Stadium, alegando derechos de propiedad privada, y la Junta de Educación de Chicago aprobó una resolución que prohíbe a ICE ingresar a las escuelas sin una orden judicial.

“Estos ejemplos demuestran que las instituciones pueden y deben tomar posición”, sentenció Palomares.