Ciudad de México.- Con seis votos contra cinco, el Instituto Nacional Electoral (INE) perdonó a Morena una multa por 55 millones 299 mil pesos por el escándalo en el que se vio envuelto el partido en el 2020 por la compra y remodelación de inmuebles.

La consejera Dania Ravel dio el voto al bloque de la presidenta Guadalupe Taddei para declarar infundadas las irregularidades y no sancionar al instituto político.

En el 2020, al llegar Alfonso Ramírez Cuéllar a la dirigencia nacional de Morena, impulsó una denuncia mercantil contra su antecesora Yeidckol Polevnsky por la compra y mantenimiento a inmuebles por 395 millones de pesos a dos empresas que se acusó de incumplimiento y trabajos “fantasma”.

Ese año, el PRD pidió al INE investigar el desvío de recursos públicos y, tras cinco años de investigación, la Unidad Técnica de Fiscalización confirmó irregularidades.

Sin embargo, debido a que Morena llegó a un acuerdo resarcitorio con las dos compañías involucradas, únicamente planteaba multarlo por un adeudo de 110 millones de pesos.

Esto porque las empresas únicamente devolverán 284 mil 399, y se consideró que 109 millones 782 mil pesos eran de penalizaciones al partido por los gastos que realizaron las empresas.

“El Partido Morena no comprobó ni recuperó los saldos reportados en las cuentas por cobrar, derivado de los anticipos realizados en el ejercicio 2019 por un importe de $109,782,702.19 por concepto de pago de obligaciones, planeación, preparación, adquisición de insumos, logística y demás tareas relacionadas con los contratos de obra celebrados con Inmobiliaria Moscati de Querétaro, S.A. de C.V. y Estrada Miranda Proyecto y Construcción, S.A. de C.V.

“También hay un importe de $817,235.81 no comprobado ni recuperado por parte del partido político en las cuentas por cobrar, derivado de los anticipos realizados en el ejercicio 2019”, determinó la Unidad.

No obstante, el partido insistió en que la multa era una “injusticia” porque en el convenio estaba vigente y recibiría el dinero.

“Sancionar a Morena sentaría un precedente peligroso, desintegraría a los partidos políticos a defender sus recursos por la vía legal, por temor a que los costos de litigio o los acuerdos transaccionales sean, paradójicamente, sancionados por esta autoridad”, dijo el representante morenista, Rafael Santiago.

Algunos de los cinco consejeros que votaron por la multa advertían anomalías y falta de certeza. Por ejemplo, afirmaron, cómo es posible que el partido pagara una penalización por 109 millones cuando se supone que fueron las empresas las que incumplieron.

“Si fue el proveedor quien presumiblemente incumplió con el contrato, entonces debió ser el proveedor quien la pague (la penalización), es decir, debe haber restituido la totalidad de ese monto.

“Si ambos fueron quienes incumplieron presumiblemente el contrato, entonces la pena convencional queda sin efectos y nadie debió haber pagado nada”, cuestionó el consejero Arturo Castillo.

Sin embargo, el representante de Morena insistió en que se llegó al acuerdo que más convenía a su instituto político.