Ciudad de México.– La Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a crear una Ley General contra la Extorsión. El objetivo principal es homologar las penas de cárcel en todo el país y permitir que el delito sea perseguido de oficio, sin necesidad de una denuncia formal por parte de la víctima.

La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum en julio pasado, fue aprobada de manera unánime con 474 votos a favor tras casi cuatro horas de debate. El dictamen ha sido turnado al Senado para continuar con su proceso legislativo.

Cifras en aumento y un “impuesto criminal”

Durante la fundamentación de la reforma, el diputado Leonel Godoy (Morena) destacó que la extorsión es el delito que más ha crecido en México. Según sus datos, los casos diarios pasaron de un promedio de 19 en 2018 a 29 en enero de este año, lo que representa un aumento del 58% en tan solo seis años.

El legislador señaló que este crimen se manifiesta en dos modalidades principales: el “cobro de piso” presencial y las extorsiones telefónicas, muchas de ellas originadas desde centros penitenciarios. Godoy subrayó que no se trata de un delito menor, pues afecta la economía, la salud mental y la tranquilidad de las personas.

La diputada Marycarmen Bernal (PT) describió la extorsión como un “impuesto criminal que paraliza la economía y debilita el tejido social”.

Mencionó que entre enero y junio de este año se documentaron 6,880 víctimas, la cifra más alta en un lustro. De acuerdo con la legisladora, este delito cuesta a la sociedad más de 26,000 millones de pesos anualmente.

Voces de la oposición y llamados a la acción

A pesar del apoyo unánime, legisladores de la oposición manifestaron su preocupación por la implementación de la nueva ley. César Alejandro Domínguez (PRI) advirtió que la reforma podría quedarse en un “cambio simbólico” si no cuenta con un presupuesto y herramientas adecuadas.

” No podemos quedarnos en el discurso ni en una ley parcial”, sentenció.

Anya Gómez Cárdenas (PAN) y Héctor Saúl Téllez (PAN) coincidieron en la necesidad de destinar fondos suficientes para combatir el delito, especialmente en estados como México, Veracruz y Nuevo León, donde se concentra el 71% de los casos.

Ambos legisladores llamaron a revisar el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2026, el cual, según el panista, contempla una reducción de más de 10,000 millones de pesos en seguridad.

Téllez también destacó que la extorsión ha mostrado un crecimiento particular durante los actuales gobiernos de Morena, con un aumento del 75% en las carpetas de investigación comparado con el sexenio anterior.

La diputada Laura Hernández (MC) añadió que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública estima que en 2024 se registraron 4.9 millones de casos de extorsión, con una tasa de 5,213 por cada 100,000 habitantes. De ellos, el 85.6% fue extorsión telefónica.