Tampico.- Un juez federal vinculó a proceso a Francisco Javier “N”, ex gerente de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico, Tamaulipas, por supuesto involucramiento en el desembarque de 31 buques con huachicol fiscal en ese puerto y Altamira.

Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, procesó al funcionario por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en el mismo caso de la presunta red de corrupción que encabezaban el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el Contralmirante Fernando.

En una audiencia de seis horas, el juzgador le ratificó la prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano y estableció un plazo de 6 meses para la investigación complementaria, mismo en que las partes deberán reunir sus datos de prueba para un eventual juicio.

Mexicanos contra la Corrupción reveló en abril pasado que Francisco Javier “N” estaba asociado con uno de los accionistas de Intanza, la empresa que importó los 10 millones de litros de huachicol fiscal asegurados el pasado 19 de marzo, en Altamira.

El ahora procesado es accionista de la empresa Comercializadora de Bienes y Servicios de Nuevo León Belure, junto con Ricardo Ayón Rodríguez y a Ramiro Rocha Alvarado, quienes a su vez son los propietarios de Intanza.

“Éste es un vínculo que considero con un gran valor, porque indica con carácter de probabilidad de que usted se encontraba vinculado a estos hechos”, dijo el juez Elizondo al dictar la vinculación a proceso.

“Esta es una razón que hace probable su participación en una empresa criminal”.

Durante la audiencia, le informaron que dos de los funcionarios que declaraban en su contra eran el ex director de la Aduana de Tampico, quien ahora es el testigo protegido “Santo”, y el Jefe de Departamento de Supervisión de Maniobras en la ASIPONA, identificado en la indagatoria como HRV.

El primero lo señala como parte de la red de corrupción de los hermanos Farías que controlaba el huachicol fiscal en las aduanas de Altamira y Tampico.

El segundo señaló al funcionario de permitir la descarga de 20 barcos con diésel que se hicieron pasar por aditivos para aceites durante su gestión en la ASIPONA de Tampico.

Por ejemplo, HRV acusa a Francisco Javier “N” de ser uno de los servidores públicos que encubrió la entrada del buque Challenge Procyon, asegurado con 10 millones de litros de huachicol fiscal el pasado 19 de marzo.

“En ese periodo de su administración indica que empezaron a llegar los barcos con los nombres de Clearocean Mustang, Owl 4, Louis P, María C, MTM Hambur, MTM Hambur, A Chippewa, MTB Hambur, MTB Dublin, Hansa Sealancer, St Mary, Cosmic Glory, Torm Louise, St Mary, Salsa, Cosmic Glory, Bastille Street, PS Imabari, Dalma, High Challenge, Yellow Stars, Bastille Street y Challenge Procyon”, declaró el testigo.

A diferencia del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y otros 9 imputados, vinculados a proceso un día antes, el funcionario de la ASIPONA sí rindió una declaración para deslindarse de los hechos.

En su intervención, dijo que su implicación en este caso de corrupción era producto de una “confusión” de la Fiscalía General de la República, porque él no tenía ningún cargo para incidir en los ingresos de los buques a los recintos fiscales.

Además, dijo que su nombramiento había sido dictaminado por un Consejo de Administación de la ASIPONA, integrado por 22 personas de dependencias como las Secretarías de Hacienda, Anticorrupción y Marina.

“En primer lugar, la ASIPONA es una S.A. de C.V., no se ocultaban operaciones, se reportaban diariamente al mando naval las embarcaciones que llegaban todo el tiempo. Yo era un simple empleado que no tenía funciones para dejar entrar embarcaciones”, dijo el funcionario, muy seguro.

“Por otro lado, respecto a que se le daba acceso a los buques fuera del sistema Puerto Inteligente Seguro (PIS), eso es impreciso. Deberían solicitarse los registros de los ingresos de los barcos, sí se registraban en dicho sistema. No me salí de la legalidad y tampoco de instrucciones para que dejaran de hacer algo”.

Sobre su relación con los dueños de Intanza, su abogado Víctor Manuel Cruz señaló que el delito de delincuencia organizada se lo estaban imputando por un supuesto ocultamiento de huachicol, razón por la que no se deberían considerar los datos de prueba que lo relacionaban con los contrabandistas de diésel.

El juez, sin embargo, consideró que eran insuficientes los planteamientos.

“No se requiere que se acredite que el delito que le atribuyen se ejecutó, sino que usted sea, asimiló a la organización criminal; a usted no se le atribuye uno de los actos por ocultación”, le dijo el juez, quien le recordó que si bien la ASIPONA es una empresa, la Marina tenía una participación mayoritaria y, por tanto, su calidad era la de servidor público.

“No le voy a conceder valor a su dicho, porque requiere elementos de comprobación y porque además están los testimonios de ‘Santo’ y ‘HRV’, que señalan que usted sí daba la autorización para dejar entrar embarcaciones al recinto, aunque no tenía las atribuciones para hacerlo. Todo esto es a nivel de probabilidad”.